Giuseppe Busia conoce Buenos Aires desde joven. Vino de intercambio al terminar la secundaria, vivió cerca de los lagos de Palermo y guarda un español rioplatense que no ha olvidado. Pero esta semana, el actual presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) y uno de los mayores expertos europeos en la materia, regresó con una agenda estrictamente institucional: liderar el primer taller subregional de EL PAcCTO 2.0, el programa de la Unión Europea para la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La actividad, coordinada por la Organización Internacional Italo-Latino Americana (IILA) —uno de los entes ejecutores del programa europeo—, reunió en Buenos Aires a representantes de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para construir una hoja de ruta regional común. Busia participó además, junto al subdirector de EL PAcCTO 2.0, Giovanni Tartaglia Polcini, en sesiones de capacitación para magistrados federales en Comodoro Py y unidades de compras del Estado, consolidando la cooperación entre Europa y América Latina en temas de integridad y justicia.
La entrevista fue en un hotel céntrico, entre reuniones. El titular de la ANAC habló durante casi una hora con Infobae sobre corrupción, democracia, inteligencia artificial y el peligro de los retrocesos normativos, incluidos los de su propio país. Días antes, al abrir su memoria anual ante el Parlamento italiano, había escrito: “La corrupción destruye recursos, frustra el esfuerzo, amenaza la seguridad, a veces mata a las personas”. En la entrevista, fue más lejos: “El daño más profundo no es económico. Es la pérdida de confianza en las instituciones”.
—Cierra una semana intensa en Buenos Aires entre el taller regional de EL PAcCTO 2.0 y el encuentro en Comodoro Py ante más de doscientos magistrados federales. ¿Qué se lleva de ese intercambio?
—Fue un momento muy importante y un cierre de gran nivel. Hubo un intercambio de experiencias con la presencia del ministro de Justicia y figuras muy destacadas de la magistratura argentina. Analizamos en profundidad la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Argentina tiene una ley nueva; Italia comenzó hace 25 años. Este tipo de intercambios es muy valioso para comparar los recorridos hechos e impulsar a las empresas a adoptar medidas de prevención. No se trata solo del caso concreto, sino de un rol propulsivo de la magistratura: empujar prácticas de transparencia que mejoran la gestión.
—La ley italiana es de 2001 y la argentina, de 2017. ¿Qué errores cometió el legislador italiano en estas dos décadas que Argentina debe evitar repetir?
—Cuando se hace un intercambio de experiencias se comparten tanto los aciertos como los errores. Nosotros tuvimos una larga fase de no aplicación, que es una dificultad habitual frente a las leyes nuevas: hay que construir una cultura de la buena aplicación. El rol de la magistratura en esa fase inicial es crear el marco jurisprudencial que permita a las empresas y a las administraciones aplicar correctamente. Lo que aprendimos —también de nuestros errores— es que estos planes de integridad no funcionan cuando se replican de forma automática y burocrática. Funcionan solo cuando están anclados en la realidad de cada organización: calibrados según el número de empleados, las sedes, el nivel de riesgo. Solo con efectividad real, y no con cumplimiento formal, este instrumento se convierte en una palanca para mejorar la gestión.
—Ya estuvo en misiones en Ecuador, Brasil y República Dominicana. ¿Cómo ve a América Latina en la lucha contra la corrupción respecto de cuando comenzó su mandato en 2020?
—En América Latina hay diversidades, como las hay en Europa. Lo positivo del proyecto europeo gestionado por la IILA y por EL PAcCTO 2.0 es que permite observar el trabajo paralelo realizado en los distintos países, identificar el nivel en que cada uno se encuentra y ayudar a acortar distancias. Siempre desde un espíritu de intercambio, nunca de imposición: no hay un país que llega a dar su lección, aunque tenga más experiencia. Lo que se está haciendo es identificar, por materia —responsabilidad de personas jurídicas, whistleblowing, contratos públicos—, cuáles son las buenas prácticas dentro de la región y ver qué puede transferirse entre países. Eso ofrece un término de comparación más cercano que el modelo europeo. En el taller de esta semana en Buenos Aires, los países del Cono Sur trabajaron justamente en esa lógica: quién está más avanzado en cada área, cuáles son las necesidades concretas de cada país.
—Usted habló en otras misiones de “diplomacia jurídica”. En la práctica, ¿cómo se construye ese puente para que un juez en Roma y uno en Buenos Aires hablen el mismo idioma?
—En la necesidad de enfrentar un fenómeno que hoy no conoce fronteras. La corrupción se sirve de las diferencias entre jurisdicciones, se entrelaza con la criminalidad organizada y usa herramientas sofisticadas: triangulaciones internacionales, sociedades pantalla, criptomonedas. Y este proceso de intercambio fortalece a los países individualmente. Poder decirle a la propia sociedad “en el país vecino lo están aplicando y funciona” ayuda enormemente a cambiar la cultura, no solo las leyes. En todos los países vemos una brecha entre la ley escrita y su aplicación concreta.
—¿Y en el caso argentino? La ley exige programas de integridad para contratar con el Estado. ¿Garantiza eso transparencia real o puede convertirse en un mero cumplimiento formal?
—Es un punto central. En Argentina, exigir un modelo de integridad como requisito para participar en licitaciones públicas es algo pionero, pero su éxito depende de que no se replique de forma automática. No se trata solo de evitar los riesgos de la corrupción, sino de garantizar eficiencia: gestionar una administración de manera transparente, seleccionar a los mejores en los concursos y usar lo digital para agilizar los procesos. Todo eso son reglas de buena administración que, si se aplican con efectividad real y no como un mero cumplimiento formal, ofrecen mejores servicios a los ciudadanos.
—La ANAC italiana es una autoridad independiente; la Oficina Anticorrupción argentina depende del Poder Ejecutivo. ¿Esa independencia pesa en la decisión de un inversor extranjero a la hora de poner dinero en un país?
—La independencia es un proceso que se construye con la autoridad de las decisiones que se toman, pero es también un mensaje de credibilidad hacia el mundo. Los modelos de otros países ayudan a los gobiernos a comprender que exponerse al juicio de una institución independiente es, en realidad, una ventaja: refuerza la confianza global en el sistema. Para atraer inversiones extranjeras, es fundamental contar con reglas claras y transparencia real en la contratación pública. Los grandes operadores internacionales miran dónde invierten: verifican si hay un sistema judicial independiente y si la administración actúa con transparencia. Si no es así, el riesgo para el inversor crece de manera exponencial. Construir un sistema sano que prevenga la corrupción es un ingrediente esencial para favorecer el crecimiento económico.
—En los últimos años, potencias como Estados Unidos dieron señales de relajar el cumplimiento de leyes históricas contra el soborno transnacional, como la FCPA. ¿Teme que el mundo esté entrando en una “carrera hacia abajo” donde se sacrifique la transparencia en nombre de la competitividad económica?
—Lamentablemente, sí, y preocupa mucho. Es una visión de muy corto plazo y equivocada. Estados Unidos fue pionero en esto: la primera ley sobre corrupción en el exterior fue estadounidense, cuya aplicación fue suspendida por una orden ejecutiva de Trump. Si Estados Unidos retrocede en la aplicación de estos controles, Europa y América del Sur tienen la obligación de mantener firmes estos principios, porque son los que sostienen el crecimiento global y defienden los valores propios de nuestras Constituciones. Cuando un aliado histórico da pasos atrás, la respuesta correcta no es seguirlo, sino continuar en el propio camino y acompañarlo de regreso a valores que son comunes. No hay que poner en cuestión el multilateralismo, sino reforzarlo. El mundo construido desde la Segunda Guerra Mundial —en el que los países se relacionan respetando derechos y reconociéndose como iguales— es un mundo en el que se vive mejor y se crece más. Hoy ese mundo está siendo profundamente amenazado, y los países con valores democráticos sólidos deben sostenerlo.
—Los retrocesos no vienen solo de Estados Unidos. La propia Italia abrogó en 2024 el delito de abuso de cargo y redujo el alcance del tráfico de influencias. ¿Cómo es posible que un país pionero en la lucha anticorrupción dé estos pasos atrás?
—Creo que son errores. La abrogación del abuso de cargo y el consecuente debilitamiento del tráfico de influencias dejaron vacíos importantes. El argumento del gobierno era la necesidad de precisión y taxatividad en la ley penal, lo cual en principio es atendible. Pero si una norma tiene problemas de aplicación, se clarifica: no se abroga el delito. La abrogación dejó sin cobertura, por ejemplo, el caso del tribunal de concurso que favorece a un candidato amigo sin recibir dinero a cambio. No es corrupción en sentido técnico, no es turbación de la competencia entre empresas, y hoy ya no hay sanción penal. Es un hecho grave que afecta al candidato desplazado, a la administración que no selecciona al mejor y a la credibilidad de las instituciones. El horizonte positivo es la Directiva Anticorrupción europea, aprobada por el Parlamento Europeo, aunque con un texto algo más suavizado respecto a la propuesta inicial, en parte por presión del gobierno italiano. La Directiva no restaura automáticamente el delito de abuso de cargo, pero establece que las conductas graves deben ser sancionadas. Esperemos que sea la ocasión para retomar algunas de estas figuras.
—En su último informe anual ante el Parlamento italiano, hace una semana, sostuvo que la corrupción se ha vuelto hoy una “constelación de conductas subrepticias”. ¿El delito ya no necesita de la clásica valija con dinero para ser efectivo?
—Exactamente. La corrupción actual se oculta en consultorías, en relaciones de apariencia lícita, en decisiones que admiten mayor discrecionalidad. Es más difícil de detectar y de perseguir, porque no hay un intercambio de dinero evidente. Eso hace aún más valioso invertir en prevención: en buenas prácticas que son también prácticas de buena administración. Es un win-win: si se aplican de manera inteligente, permiten ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, usar mejor los recursos públicos —cada vez más escasos— y generar confianza. Porque el ciudadano que financia con sus impuestos el gasto público es hoy más exigente; quiere participar, quiere conocer. Y si se usa bien, esa participación activa es una contribución, no un problema.
—Solemos pensar en la corrupción como un delito “de guante blanco” o un simple desvío de fondos, pero usted sostuvo que “frustra el esfuerzo, amenaza la seguridad y a veces mata personas”. ¿Por qué una formulación tan contundente?
—Porque el daño no es solo económico. El daño más profundo es la pérdida de confianza en las instituciones. Eso se quiebra cuando hay una desviación hacia un interés particular. Y la corrupción es también la puerta de entrada de la criminalidad organizada. Las mafias actúan cada vez menos con actos violentos y se infiltran en la economía legal: los contratos públicos son un sector de alto riesgo. Pensemos en el joven que se prepara para un concurso y es superado por el candidato amigo del tribunal, sin que haya intercambio de dinero. Es una pérdida para el candidato desplazado, para la administración que no contrata al más capaz y para todos los jóvenes que concluyen que conviene más tener contactos que estudiar.
—Bajo su presidencia, los procedimientos analógicos en licitaciones italianas cayeron del 21% al 1%. ¿La digitalización cumplió sus promesas en la lucha contra la corrupción?
—Es un proceso, y cada día se avanza más. Hoy en Italia todos los contratos públicos deben tramitarse en plataformas digitales interconectadas con la plataforma de ANAC. Eso permite mayor controlabilidad y mayor dificultad para que ocurran episodios corruptivos, pero también una simplificación real: la base de datos nacional está conectada con la Agencia Tributaria y con los institutos de seguridad social. Las empresas no tienen que presentar los mismos documentos repetidamente. El mercado se vuelve más abierto, la competencia más leal, y el estímulo es mejorar, no buscar el contacto dentro de la administración. Usar estratégicamente los contratos públicos no es solo evitar la corrupción: si un concurso exige tecnologías avanzadas o criterios ambientales, le está diciendo al mercado hacia dónde se mueve el país.
—ANAC empezó a usar inteligencia artificial para detectar anomalías en las licitaciones. ¿Cómo funciona en la práctica y dónde están los límites?
—La estamos usando de manera muy prudente. Hemos introducido en el Código de Contratos algunos principios clave. Primero: evitar sesgos discriminatorios, que muchas veces ni el propio programador advierte, porque son producto de prejuicios inconscientes. Segundo: transparencia en los algoritmos. Cuando una administración usa un algoritmo, el secreto industrial no puede prevalecer: el ciudadano tiene derecho a conocer las razones de cada decisión. Tercero: control humano. Ninguna función pública puede delegarse por completo a la máquina. Hay un desafío implícito: pocos funcionarios públicos están hoy en condiciones de entender realmente el algoritmo en que confían. La administración debe usar los algoritmos en la medida en que los gobierna, no a la inversa, porque de lo contrario funciones públicas se trasladan de facto a actores privados que no necesariamente persiguen el interés general.
—¿Y se ven casos del lado opuesto: IA usada para manipular licitaciones o burlar los controles?
—En algunos casos, sí. Como toda tecnología, la IA también la usan quienes quieren delinquir. Todavía hablamos de inteligencia artificial como si fuera una sola cosa, cuando en realidad son muchos tipos distintos de algoritmos con funciones muy diversas. Hay que usarla, no temerla, pero usarla mientras se la gobierna. Si no, nos encontraremos con herramientas que nos sobrepasan.
—Para cerrar: ¿qué consejo le daría a un joven funcionario o magistrado argentino que recién empieza?
—Invertir en las propias competencias, en la propia cultura y en la propia capacidad. Eso, en el largo plazo, siempre rinde. Ayuda a dar la batalla en la dirección correcta. Es la inversión más valiosa que cualquier persona puede hacer.
- Cargo actual: Presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) desde septiembre de 2020. Su mandato vence este año.
- Trayectoria institucional: Es un jurista de carrera con amplia experiencia en autoridades de garantía. Antes de liderar la ANAC, fue Secretario General del Garante de la Privacidad de Italia (2012-2020).
- Roles internacionales: Actualmente preside la Red para la Integridad (Network for Integrity) y es vicepresidente de la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción (IAACA).
- Formación y academia: Es doctor en Teoría del Estado y profesor de Derecho Público y Administrativo. Es autor de numerosas publicaciones sobre transparencia, ética pública y el impacto de la tecnología en el derecho.
- La apuesta digital: Bajo su mandato, la ANAC se ha convertido en una autoridad de referencia global por la creación de la Base de Datos Nacional de Contratos Públicos, que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos masivos para prevenir la corrupción en tiempo real.
