La obra social de los militares (OSFA), envuelta en una crisis sin fin desde el inicio de la administración de Javier Milei -hasta cambió de nombre-, quedó envuelta en una nueva polémica: renunció su titular, el general Sergio Maldonado, tras un enfrentamiento con el ministro de Defensa, el también general Carlos Presti.
En los hechos el administrador duró en su cargo poco más de un mes cuando, con aportes efectuados por las propias Fuerzas Armadas, la renombrada obra social busca un camino de normalización.
De hecho, comenzó a estar operativa desde el 1° de abril y empezó a ordenar su situación financiera y regularizar pagos a prestadores con el objetivo de ir recuperando la atención en salud y las prestaciones para miles de afiliados en todo el país.
Según pudo averiguar Clarín, el lunes pasado Presti lo citó a su oficina en el Edificio Libertador para pedirle la renuncia. «No se estaba alineando con la política que se le pidió», esgrimieron fuentes oficiales. Presti se encuentra en Estados Unidos en una gira oficial.
Pero cerca del ministro adujeron que el jefe militar renunció «por motivos personales» y que «la idea era que presida el directorio durante la primerísima etapa de creación de OSFA, lo cual ya es una etapa cumplida» dado que venía de la gestión de Betina Surballe, designada anteriormente por el ex ministro Luis Petri.
Una fuente castrense, en tanto, dijo que las supuestas diferencias entre Presti y Maldonado radicaban en que las autoridades de Defensa le ordenaron que «toda la recaudación la pusiera en un plazo fijo a 60 días, postergando el pago a proveedores, y Maldonado se negó».
En Defensa aún no confirmaron quién será el sucesor de Maldonado al frente de la ex IOSFA. «Va a ser un coronel o general en actividad, con experiencia en salud,«, indicaron, lacónicos. Uno de los candidatos a ocupar ese cargo sería Omar Horacio Domínguez, ex director General de Salud y compañero de Presti en el Ejército, que hace semanas no había aceptado el cargo.
En el Edificio Libertador advirtieron que más allá de los intentos de normalización, deben lidiar con el peso de la deuda remanente que les dejó la cobertura de los cientos de prefectos y gendarmes que hace semanas absorbió el ministerio de Seguridad. Las miradas apuntan a la ministra Alejandra Monteoliva: en Defensa afirman que, es el 60% de la deuda de la “IOSFA residual”, unos 150 mil millones de pesos.
Pero desde la cartera de Seguridad rechazaron tales elucubraciones y destacaron que «el flujo de aportes y contribuciones se ha mantenido bajo la misma modalidad técnica y administrativa que se ha utilizado históricamente, percibiendo el IOSFA residual la totalidad de los aportes y contribuciones de las fuerzas federales hasta tanto la nueva obra social de Seguridad entre en pleno funcionamiento». Es decir, rechazan que tengan acreencias.
«No existen meses pendientes de pago. Los fondos correspondientes a las retenciones del personal de seguridad han sido transferidos regularmente, cumpliendo con los plazos y formas establecidos por la normativa vigente», concluyeron.
Es que en la “reorganización” del sistema de salud de las Fuerzas Armadas, según el decreto 88/2026 de Javier Milei, la nueva OSFA arrancó el 1° de abril, pero la Gendarmería y la Prefectura (que eran parte de la ex IOSFA) tendrán por separado la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg).
La ex IOSFA fue una de las obras sociales más grandes del país, con 550 mil afiliados. Su sucesora OSFA queda con unos 347 mil afiliados, ya sin las fuerzas de seguridad y sus familias.
