Florida modificó las reglas de cobro para los parques de casas rodantes. Con la entrada en vigor de la ley SB 118, el estado obliga a los gobiernos locales a cambiar el criterio con el que calculan ciertos cargos sobre estos espacios, un ajuste que impacta de forma directa en propietarios y operadores.
La normativa, firmada por el gobernador Ron DeSantis, establece que los parques de vehículos recreativos ya no podrán ser tratados como conjuntos de viviendas permanentes al momento de aplicar evaluaciones no ad valorem. Estas tasas, que no dependen del valor de la propiedad, se utilizan para financiar servicios o mejoras específicas.
A partir de ahora, estos espacios deberán ser evaluados bajo parámetros comerciales, similares a los que se aplican a hoteles, moteles u otros alojamientos temporales. El cambio redefine el enfoque que utilizan condados, municipios y distritos especiales para calcular los cargos.
Uno de los puntos centrales de la ley es la limitación sobre la superficie utilizada para el cálculo de tasas. Las autoridades no podrán aplicar cargos sobre áreas que superen el tamaño estándar de una unidad de casa rodante. La medida busca evitar cobros sobre espacios más amplios que no reflejan el uso real.
Otro aspecto clave es la incorporación del nivel de ocupación como variable obligatoria. Los gobiernos locales deberán considerar cuántos espacios están efectivamente utilizados al momento de distribuir las cargas. Según el texto, el objetivo es evitar que los parques sean gravados como si funcionaran con ocupación total durante todo el año, cuando en muchos casos la demanda varía según la temporada.
La ley no modifica los impuestos generales sobre la propiedad. Su alcance se limita a las evaluaciones especiales o no ad valorem, que suelen generar controversias por su forma de cálculo.
¿Qué entidades deben aplicar este nuevo criterio?
La obligación alcanza a condados, municipios y distritos especiales, tanto independientes como dependientes. Estas autoridades deberán asegurarse de que las evaluaciones no partan de la premisa de que los parques funcionan como complejos residenciales.
Además, la normativa impide que los cargos se apliquen sobre la porción de un espacio que exceda los metros cuadrados máximos definidos para una unidad tipo de vehículo recreativo, sin importar el tamaño total del lote.
El principal impacto de la medida recae sobre los propietarios y operadores de parques de casas rodantes. Según el texto legal, el nuevo esquema evita cargos que podrían resultar más elevados o inadecuados si se mantuviera el criterio anterior.
