La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le dio este miércoles un ultimátum al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz y lo intimó a un plazo de 48 horas para que le envíe el expediente en el que se debate la ampliación del máximo tribunal provincial de cinco a nueve miembros. Fue luego de que el TSJ santacruceño incumpliese con el pedido que ya le habían hecho el 23 de abril pasado.
El conflicto por la designación de los nuevos jueces había comenzado luego de que la legislatura de Santa Cruz sancionase una Ley que ampliaba la cantidad de miembros del Superior Tribunal de Justicia provincial.
La decisión generó fuertes cuestionamientos, tanto desde el arco político como desde la Asociación Gremial de Judiciales, que promovió una acción de inconstitucionalidad. Además, hubo sectores que denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de designación y toma de juramento de nuevos vocales.
Ante la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que ampliaba la corte local, la Fiscalía de Estado interpuso un recurso extraordinario de queja, señalando que el TSJ “incurrió en arbitrariedades al rechazar el recurso extraordinario y evitar que el caso llegue a la instancia nacional”.
El pasado 23 de abril, la Corte Suprema se había pronunciado a favor de intervenir en la causa al rechazar un planteo del gremio judicial de la provincia contra el recurso de queja que habían presentado dos de los nuevos vocales que el gobierno de Claudio Vidal logró sumar con apoyo de la Legislatura al Superior Tribunal y le pidió al Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz.
Sin embargo, ante el incumplimiento del TSJ, este miércoles la Corte Suprema emitió una nueva intimación al Superior Tribunal provincial y le fijó un plazo de 48 para enviar todas las actuaciones relacionadas con la causa por la ampliación del cuerpo judicial provincial.
En su decisión, la Corte advirtió sobre el incumplimiento del requerimiento anterior y ordenó que la documentación sea enviada “de inmediato” y en formato digital.
Entre las actuaciones a las que la Corte pidió tener acceso, se encuentran no sólo el expediente principal, sino también los incidentes cautelares vinculados, las resoluciones internas sobre organización y juramentos e información sobre otros procesos relacionados con la misma cuestión.
RN
