El Gobierno nacional consiguió que la medida cautelar que obligaba al cumplimiento de la Ley quede suspendida. Mientras tanto, crecen las renuncias de docentes.
Numerosos portales de noticias repiten historias similares: el éxodo de docentes de universidades públicas es un patrón que se observa a lo largo y a lo ancho del país.
El año pasado la CONADU – Federación Nacional de Docentes Universitarios – había declarado una cifra escalofriante: desde 2023 al 2025 renunciaron 10.000 docentes universitarios e investigadores. Si consideramos las renuncias correspondientes a este año, el resultado es aún mayor. Dichas renuncias se deben en su mayoría a la pérdida del poder adquisitivo.
A pesar de que la Ley 27795 de Financiamiento de la Educación Universitaria obliga al Poder Ejecutivo a asegurar el sostenimiento de la educación superior1, el Gobierno nacional consiguió – gracias a la colaboración del Poder Judicial – que se ponga en suspenso la medida cautelar que la propia Justicia había declarado, la cual establecía un plazo para su cumplimiento que venció el 17 de abril de este año.
Esta puesta en suspenso de la medida que obligaba a Nación a cumplir con la Ley (aprobada por el Congreso y ampliamente apoyada por diversos sectores de la sociedad argentina), nuevamente pone en riesgo no sólo el futuro de todas las universidades públicas del país, sino también el futuro de la economía argentina: sin profesionales y científicos, no hay desarrollo posible2.
Como dijo el médico y fisiólogo argentino Bernardo Alberto Houssay:
»Si la ciencia les parece cara, prueben con la ignorancia»
La comunidad universitaria tomará medidas de fuerza el martes 12 de mayo, donde se realizará una Nueva Marcha Federal que interpelará a todo el país.
