SALTA – El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, junto al presidente de SAETA, Claudio Mohr, y el coordinador general del Ministerio de Gobierno, Javier Sola, recibieron esta semana al rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Miguel Nina, y al secretario de Bienestar Universitario, Luis Portelli. El resultado del encuentro fue una fecha concreta: el 1° de junio de 2026 comenzará a aplicarse plenamente la Resolución AMT N° 13/24, que restringe el acceso al pase libre estudiantil en la Región Metropolitana.
El acuerdo fue presentado con un lenguaje conciliador “trabajar en conjunto para que el beneficio llegue a quienes estudien y cumplan con la normativa” pero el trasfondo político es claro: el Estado provincial avanza en el achicamiento de una política pública destinada a los sectores más vulnerables del sistema educativo.
Qué dice la resolución
La norma, dictada en enero de 2024, establece cupos mensuales de boletos gratuitos según nivel educativo: 70 para secundarios y universitarios regulares, 30 para ingresantes universitarios, 50 para primarios y terciarios.
Esa exigencia, que la justicia de primera instancia llegó a declarar inconstitucional en septiembre de 2025 por considerar que la AMT se había excedido en sus facultades, fue finalmente avalada por la Corte de Justicia de Salta. El máximo tribunal provincial resolvió que el pase libre “no es un derecho absoluto”, sino una política pública que debe garantizar su “sustentabilidad”. Con ese fallo en la mano, el gobierno provincial aceleró la implementación.
La lógica del ajuste vestida de eficiencia
El argumento oficial apunta a “irregularidades” en el uso del beneficio: personas que se inscribían en la universidad únicamente para acceder al boleto gratuito sin realizar actividad académica. Es un argumento que tiene algún sustento empírico pero que, en la práctica, termina castigando a todos los estudiantes con una lógica de sospecha generalizada.
La resolución no distingue entre quien no estudia y quien estudia en condiciones de precariedad ; trabajando, sosteniendo familia, atravesando problemas de salud o de vivienda. Imponer rendimiento académico como condición para acceder al transporte equivale a decir que moverse por la ciudad es un privilegio que hay que ganarse, no un derecho que facilita el acceso a la educación.
Esa lógica es la misma que atraviesa buena parte de las políticas de ajuste en Argentina: recortar desde los márgenes, comenzando por quienes tienen menos poder de resistencia institucional.
Una ley propia que el gobierno ahora vacía de contenido
Hay un dato que el oficialismo provincial prefiere no poner en primer plano: el pase libre no fue una concesión administrativa ni una medida de emergencia. Es una política de Estado consagrada por ley. La Ley Provincial N° 8030, sancionada en 2017, instituyó formalmente el Sistema del Boleto Gratuito con un fundamento explícito: “la educación es un instrumento indispensable para lograr la inclusión e igualdad de oportunidades”, y el transporte gratuito es la herramienta para eliminar “barreras socioeconómicas que muchas veces generan un verdadero obstáculo para el acceso a la educación, especialmente de los sectores más vulnerables”.
Esa ley no contempla condicionamientos académicos. No dice que el derecho a moverse depende de cuántas materias se aprueben. La jueza de primera instancia que declaró inconstitucional la Resolución 13/24 en 2025 lo entendió exactamente así: la AMT se había excedido en sus facultades al imponer condicionamientos no previstos en la norma madre, interfiriendo además en la definición de “alumno regular”, que es competencia propia de las universidades. La Corte provincial revirtió ese criterio, pero el debate de fondo sigue abierto: una resolución administrativa no puede alterar el espíritu de una ley.
Lo que está ocurriendo, en definitiva, es que el Ejecutivo provincial usa su poder reglamentario para vaciar de contenido una norma que el propio Estado salteño aprobó hace menos de una década.
Lo que el mundo hace distinto
El denominador común en todos estos casos es una comprensión básica: “el transporte es la condición de posibilidad del estudio”, no su recompensa. Ningún gobierno que aspire a reducir la deserción universitaria pone trabas de movilidad.
El contraste con las políticas de otros países resulta igualmente elocuente. En Chile, la Tarjeta Nacional Estudiantil, ofrece descuentos permanentes y la tendencia es ampliar coberturas, no reducirlas. En Uruguay, el boleto estudiantil gratuito para secundaria y universidad fue ampliado progresivamente, sin restricciones académicas de ningún tipo. Colombia, con todas sus limitaciones estructurales, avanza en programas de transporte universitario subsidiado en sus principales ciudades.
El contexto salteño
Salta tiene una de las tasas de deserción universitaria más altas del país. La UNSa es la principal puerta de acceso a la educación superior para jóvenes del interior provincial, muchos de ellos primera generación universitaria en sus familias. En ese contexto, cada restricción al transporte gratuito es también una restricción al ascenso social.
El rector Nina participó de la reunión y acordó la fecha de implementación, pero desde la propia universidad se reconoció la necesidad de “acompañar a los estudiantes durante el proceso de adecuación”. Una señal de que, incluso desde adentro del sistema, la norma genera incomodidad.
Los centros estudiantiles ya anticiparon resistencia. La causa judicial que llegó hasta la Corte, el amparo colectivo presentado en representación de más de 22.000 estudiantes de la UNSa, muestra que el debate está lejos de cerrarse.
Una decisión que habla de prioridades
En definitiva, la Resolución AMT 13/24 y su implementación acordada para junio no son solo una cuestión técnica de transporte. Son el reflejo de una decisión política: en tiempos de ajuste, el gobierno provincial elige reducir los beneficios para estudiantes antes que explorar otras fuentes de financiamiento del sistema.
En el mundo, esa jerarquía suele ser inversa. Los Estados que invierten en la movilidad estudiantil lo hacen porque entienden que es más barato que pagar las consecuencias sociales de la deserción. Salta, por ahora, parece apostar en sentido contrario.
