Bajo el nombre “Tormenta Negra”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó este jueves el mayor operativo de seguridad simultáneo registrado en los asentamientos informales porteños. Más de 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad tomaron posición al mismo tiempo en 16 barrios populares, con el objetivo declarado de desarticular estructuras narco, recuperar el espacio público y restablecer condiciones mínimas de orden en zonas de alta conflictividad. Hay al menos 20 detenidos.
El operativo abarcó las villas 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre. La acción combinó saturación policial, inspecciones comerciales, controles de tránsito y trabajos de limpieza urbana, todo de forma coordinada y en paralelo.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, siguió el desarrollo del procedimiento desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en Villa Lugano. Desde allí supervisó en tiempo real el avance de las distintas columnas desplegadas a lo largo y ancho del territorio.
Cuatro búnkers de venta de drogas fueron identificados y clausurados durante el operativo: dos en la villa Zavaleta y Fraga, y otros dos en las villas 31 y 15, según informó el Gobierno porteño. Los puntos de comercialización fueron localizados con anterioridad por la división de Investigaciones de la fuerza, que aportó inteligencia previa para orientar los allanamientos.
Junto al cierre de los puntos narco, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) inspeccionó locales dedicados a la venta de teléfonos celulares, consultorios médicos que operaban sin habilitación y establecimientos con mercadería considerada peligrosa, como depósitos de garrafas de gas. La acción buscó desmantelar economías informales que funcionan al margen de los marcos regulatorios vigentes.
La Dirección General de Fiscalización (DGFIS) tuvo a su cargo la inspección de chatarreras, mientras que el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PROCOM) procedió al retiro de vehículos abandonados en la vía pública. Ambas acciones apuntaron a recuperar espacios que, según el comunicado oficial, habían quedado fuera del control estatal.
La fuerza policial movilizada incluyó efectivos de las divisiones de Pacificación de Barrios, Orden Urbano, Seguridad Comunal, Unidades Especiales, Tránsito y Transporte, Investigaciones y la Dirección de Alcaldías. Los Bomberos de la Ciudad también participaron del procedimiento.
El apoyo aéreo y terrestre estuvo garantizado por dos helicópteros y un vehículo blindado denominado “Fénix”, que brindaron cobertura sobre los puntos de mayor tensión. La presencia del blindado señaló el nivel de precaución con el que las autoridades encararon el ingreso a ciertos sectores.
A la dotación policial se sumaron 165 agentes civiles de cinco áreas del Ejecutivo porteño: la AGC, la DGFIS, el PROCOM, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). La articulación entre seguridad y gestión urbana fue presentada por el Gobierno como el rasgo distintivo del operativo.
Los controles aleatorios a vehículos y transeúntes se extendieron por todas las zonas intervenidas, con el propósito declarado de reducir la circulación irregular de rodados, prevenir delitos y disminuir la tasa de siniestros viales. El Cuerpo de Agentes de Tránsito coordinó esa parte del procedimiento junto a efectivos de la división especializada.
En paralelo, cuadrillas removieron rachandas, carros, restos de materiales de construcción y chatarra acumulada en calles y veredas. La limpieza del espacio público fue encuadrada por el Gobierno como parte de una estrategia de recuperación territorial que excede lo estrictamente policial y apunta a condiciones de habitabilidad en los barrios afectados.
