La ciudad de Montevideo fue sede del Encuentro Ministerial, donde funcionarios, directivos de empresas y especialistas debatieron sobre Inteligencia Artificial (IA), data centers, 5G, fibra óptica, satélites de órbita baja, regulación, conectividad y piratería, entre otros temas.
El secretario de Presidencia uruguayo, Alejandro Sánchez, fue una de las figuras centrales en el Encuentro Ministerial, donde planteó la necesidad de articular una integración regional para la implementación de la IA, la actualización de los marcos normativos en el sector de las comunicaciones, la necesidad de generar nuevas inversiones que permitan incorporar innovaciones tecnológicas y la implementación de políticas para reducir la brecha digital.
Lo dijo en el marco del evento que organizó CERTAL, cuyo presidente Pablo Scotellaro destacó que Uruguay es «un país de diálogo permanente».
También participaron el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones de la Argentina (ENaCom), Juan Martín Ozores, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España, Antonio Hernando, entre otros funcionarios; mientras que en uno de los paneles debatieron directivos de Personal, Claro, Tigo, DirecTV y la empresa estatal Antel.
«Necesitamos mayores niveles de integración regional en temas tecnológicos. Un ejemplo exitoso es la matriz energética, en Salto Grande, con Argentina. Y tenemos mecanismos de transmisión de energía con Brasil. Somos exportadores netos de energía en la región», aseguró Sánchez, cuyo cargo es equivalente al de jefe de Gabinete en Argentina.
Sánchez expuso en el Encuentro Ministerial y luego participó de una mesa redonda con periodistas de la región, sobre el «Uruguay Tecnológico», en la que preguntó Clarín. El funcionario uruguayo es del Frente Amplio y respondió durante una hora, en presencia de más de 200 funcionarios, directivos de empresas y especialistas del sector de las comunicaciones.
Allí Sánchez destacó que «la integración no puede hacerse sobre bases de trinchera ideológica. Los gobiernos tienen que trabajar en políticas de Estado regionales», por ejemplo, para tener una posición común sobre la implementación de la Inteligencia Artificial (IA), ya que sino la grandes empresas tecnológicas van a imponer sus condiciones, «porque los datos son de las personas, no del Estado ni de las empresas». De hecho, la oficina regional de la Unesco presentó durante el evento una serie de recomendaciones para «avanzar en la IA con un marco ético».
El secretario de Presidencia de Uruguay destacó las inversiones extranjeras que llegan a su país, como un gigantesco data center que está construyendo Google en Canelones y que se prevé su inauguración en los próximos meses; así como el diálogo que tienen con los otros partidos políticos, que garantiza en los organismos oficiales «una silla reservada para un representante de la oposición, para que controle y aporte al desarrollo de las políticas públicas».
El Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL) organizó el Encuentro Ministerial, en Montevideo.
El secretario de Telecomunicaciones de España, Antonio Hernando, destacó la necesidad de «hacer una alianza estratégica en materia de digitalización y conectividad. La Inteligencia Artificial puede ser en pocos años la peor de nuestras pesadillas», planteó el funcionario español. Y agregó: «Tenemos que regular la IA, porque sino se va a convertir en la ley de la selva».
«En España estamos con la protección de la infancia en los entornos digitales, con mayoría de edad digital a partir de los 16 años y la prohibición de usar IA para crear imágenes de pornografía infantil. Si nuestros países quieren tener autonomía estratégica, tenemos que tener soberanía tecnológica. Y protegernos frente a las fake news, porque estarán tentados de hacer tambalear a nuestros sistemas democráticos», aseguró Hernando.
Por su parte, el interventor del ENaCom, Juan Martín Ozores, contó cómo estaba el organismo oficial cuando lo designaron en el Gobierno de Javier Milei, hace poco más de dos años. Aseguró que derogaron numerosas resoluciones y decretos, como el DNU 690, de Alberto Fernández, que establecía el precio máximo al que podían ofrecerse los servicios de telefonía fija, móvil, Internet y TV paga, a los que el Estado consideraba servicios públicos.
«Si uno quiere buscar un caso de riesgo regulatorio, lo ve en la Argentina. El intervencionismo excesivo en precios, con el Decreto 690, que derogamos cuando empezamos la gestión«, planteó Ozores.
Y añadió la eliminación de «barreras a la importación y las tasas excesivas para la importación de equipos, que salían 250% más caros que en el resto de países vecinos. Limpiamos y ordenamos ese tipo de locuras administrativas», aseguró el interventor del ENaCom, en una mesa moderada por Hernán Verdaguer, director ejecutivo de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina.
El funcionario Ozores también destacó el despliegue de Internet satelital en todo el país, con Starlink, que logró 750.000 clientes en poco más de un año. La empresa de Elon Musk pronto tendrá competencia en toda la región.
Inversiones y combate contra la piratería
«Con Amazon Leo vamos a lanzar Internet satelital para competir con Starlink al final de este año, primero en la Patagonia», anunció Silvana Letteri, country manager de DirecTV Uruguay.
Los directivos de las principales empresas de telecomunicaciones coincidieron en la necesidad de tener reglas de juego estables, así como en la importancia de la competencia entre los diferentes prestadores de servicios y la colaboración en el combate contra la piratería. Destacaron la consolidación de empresas y cuestionaron la asimetría regulatoria con las plataformas tecnológicas.
También remarcaron la necesidad de tener estabilidad económica, transparencia y seguridad jurídica para profundizar las inversiones.
«El flagelo de la piratería alcanza U$85 millones al año en Uruguay, es un problema importante. Hay que destacar la legislación de acá, que no existe en otro país de Latinoamericana», sostuvo Guillermo Valente, gerente general de Personal Flow Uruguay, quien destacó la legislación vigente en ese país, que le permite al organismo regulador intervenir directamente para bloquear sitios que transmiten contenidos piratas.
Además de Valente y Letteri, participaron del debate de CEOs Alejandro Paz, presidente de la empresa estatal Antel; Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay; y Verónica Rudolph, gerente general de Claro Uruguay, con la moderación del periodista Danilo Tegaldo.
La presentación del Libro Azul contra la Piratería fue otro de los puntos fuertes del Encuentro Ministerial. La iniciativa fue coordinada por Federico Villalba, fiscal Penal contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires; y Sergio Piris, presidente de la Comisión Antipiratería.
Enviado especial a Montevideo.
