El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto aprobado por el Ejecutivo central para impulsar la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses españoles. La medida fue recurrida por el Gobierno de Aragón, y ahora el fallo le da la razón en parte al tumbar esta normativa por haber omitido en su tramitación la consulta previa obligatoria.
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