Foto: Los Pibes de Don Bosco
El caso de Thiago, el adolescente de 14 años baleado en la cabeza el pasado 7 de mayo en el Barrio Noroeste de Bahía Blanca, vuelve a poner en primer plano la situación desesperante que atraviesan los barrios populares ante el avance del narcotráfico, la violencia y la complicidad estatal. Thiago sigue internado en estado crítico en el Hospital Municipal, conectado a un respirador y bajo monitoreo constante. Su familia, mientras tanto, pide cadenas de oración y solicita testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.
El hecho ocurrió en una vivienda de dicho barrio en una zona donde las organizaciones sociales y territoriales como Proyecto Social, Educativo y Pastoral «Los Pibes de Don Bosco», Jóvenes Esperanza, Oratorio Taller de Soñadores y Oratorio Esperanza, vienen denunciando hace tiempo el crecimiento de la violencia y el narco. En un comunicado conjunto, estas organizaciones advirtieron: “Cuando el narcotráfico avanza, el barrio entero retrocede”, sintetizando el drama que viven miles de familias trabajadoras, donde el Estado deja vía libre para su existencia, además de la sabida connivencia policial y judicial sin la cual no podría actuar el crimen organizado.
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La situación de Thiago no es un caso aislado. Forma parte de una realidad social donde más del 60% de los niños, niñas y adolescentes viven en la pobreza, según los últimos datos oficiales. Esta cifra refleja el fracaso de un sistema que, en vez de garantizar derechos básicos como educación, salud, alimentación y futuro, responde con ajuste, recortes y represión. Hoy la exigencia de equipos interdisciplinarios en salud mental y la presencia de más psicólogos en las escuelas es una demanda urgente.
El recorte del Plan Mesa, que afecta directamente la asistencia alimentaria en los barrios, agrava aún más la situación de las familias más vulnerables, dejando a miles de pibes y pibas sin el plato de comida diario que necesitan para sobrevivir.
En este contexto, el gobierno nacional y sectores de la oposición (PRO, la UCR y algunos votos peronistas) lograron convertir en ley un nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otras cuestiones, baja la edad de punibilidad a los 14 años. Lejos de ser una solución, esta política profundiza la criminalización de la juventud pobre y otorga más poder a la policía para hostigar y perseguir a los pibes de los barrios. Como se viene denunciando, el Estado que no puede ni quiere garantizar derechos básicos, responde con castigo y control social. Donde debería haber políticas de inclusión, aparece el sistema penal.
La baja de la edad de punibilidad no es más que un intento cínico de esconder bajo la alfombra del servicio penitenciario el fracaso de un sistema que no ofrece más horizonte que el búnker o el cementerio. Mientras tanto, los grandes empresarios y lavadores de dinero siguen impunes y protegidos por el poder político y judicial. La espectacularización de la violencia de los de abajo solo sirve para justificar más represión, pero no ataca las causas de fondo: la desigualdad, la falta de trabajo, el recorte de la asistencia social, educación, salud y la complicidad policial con el delito.
Hoy, mientras los gobiernos recortan presupuesto y vacían los programas de salud mental, crecen los consumos problemáticos, las situaciones de violencia y el abandono de la juventud. La Ley Nacional de Salud Mental, conquistada tras años de lucha, sigue sin implementarse plenamente: faltan equipos interdisciplinarios en las escuelas, dispositivos comunitarios y recursos para garantizar la inclusión y el acompañamiento real de quienes más lo necesitan. La respuesta estatal, lejos de fortalecer derechos, apunta a la criminalización y la medicalización, profundizando la exclusión y el estigma.
Por eso, el caso de Thiago debe ser un llamado urgente a la solidaridad y la organización popular. No alcanza con exigir justicia: hay que pelear por una salida de fondo. Es necesario terminar con la impunidad policial y el entramado de complicidades entre el Estado y el gran delito, y exigir que los recursos públicos se destinen a educación, salud y cultura, no al pago de la deuda externa. Solo con organización y lucha se puede enfrentar el avance del narco y recuperar los barrios para quienes los habitan y los hacen vivir todos los días.
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La salida es colectiva: equipos interdisciplinarios en las escuelas y dispositivos de salud mental, políticas públicas de prevención y acompañamiento temprano, plena implementación y defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, aumento del presupuesto y recursos para salud mental y educación. Y, sobre todo, rechazo a la criminalización y medicalización de la juventud y el consumo problemático, con políticas de control de daños, apostando a la inclusión y el trabajo comunitario. Porque la vida de la juventud vale más que sus negocios y su ajuste. Thiago somos todos y todas, y la pelea es por un futuro que merezca ser vivido.
