El oficialismo avanza con un esquema que reemplazaría los descuentos por región en las tarifas de gas por subsidios focalizados según ingresos. El debate arranca hoy en Diputados y ya generó rispideces. La pregunta no es si van a cambiar las reglas: es quién va a pagar el costo político cuando llegue el frío.
El régimen de Zona Fría lleva décadas siendo una de esas políticas que nadie defiende en abstracto pero que todos cuidan cuando los inviernos aprietan. El descuento en las tarifas de gas para usuarios de regiones de bajas temperaturas funcionó como un amortiguador silencioso, sin mucho ruido mediático, hasta que el Gobierno de Javier Milei decidió que llegó la hora de discutirlo en serio.
Hoy la Cámara de Diputados empieza a debatir la propuesta oficial de crear los llamados Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El nuevo esquema reemplazaría los beneficios por ubicación geográfica por un criterio de ingresos: según lo informado, solo conservarían el subsidio los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, las familias registradas en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), los excombatientes de Malvinas y las personas con discapacidad.
La secretaría de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, salió a defender el cambio con un argumento que resume bien la lógica del ajuste: los recursos son escasos y «que la gente que pueda pagar la energía, la pague.». La lógica tiene cierta coherencia interna, pero esquiva una pregunta central: ¿cuánto más consume gas una familia del sur bonaerense respecto de una de la zona metropolitana, y en qué medida eso justifica un tratamiento diferenciado más allá del nivel de ingresos?
La respuesta la aportó el exdiputado Alejandro Rodríguez, desde el Instituto Consenso Federal, con un dato que cambia bastante el encuadre del debate. Según explicó, el consumo anual de gas por vivienda en las zonas frías es un 94% superior al de las regiones templadas. No es un capricho de la geografía: es el clima imponiendo una necesidad básica que no elige niveles de ingreso. Rodríguez también cuestionó el argumento de que la ampliación del régimen habría generado un uso abusivo del beneficio. En las nuevas zonas incorporadas, entre ellas Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense, el consumo creció apenas un 7% entre 2021 y 2024, un porcentaje que el dirigente calificó como razonable frente a las condiciones climáticas de esos territorios.
Hay otro flanco del debate que incomoda al oficialismo. Rodríguez señaló que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas pasó de mostrar superávit entre 2021 y 2023 a registrar déficit desde 2024. Y lo hizo durante la gestión de Milei, pese al aumento del cargo que financia el fondo en las propias facturas de gas. Si el argumento oficial para eliminar la Zona Fría es el deterioro financiero del sistema, cabe preguntarse cuánto de ese deterioro responde a la política tarifaria de la actual administración.
Para la provincia de Buenos Aires, el tema tiene una escala concreta. Bahía Blanca y varios municipios del sudoeste bonaerense forman parte del régimen y concentran una cantidad significativa de usuarios que podrían quedar fuera del beneficio si el proyecto avanza. En un contexto de caída del poder adquisitivo y de transferencias a municipios en su peor nivel desde la pandemia, la discusión tarifaria no es abstracta: se traduce en facturas, en quejas vecinales y, eventualmente, en presión sobre los intendentes.
¿El debate en Diputados abrirá espacio para negociar alguna compensación para los sectores medios de las zonas frías que quedarían sin cobertura? El kirchnerismo, el radicalismo y varios espacios provinciales ya mostraron resistencias. La disputa es por los subsidios, pero el fondo es más viejo: quién paga el costo de un modelo energético que el Gobierno quiere reformar a fondo antes de que llegue el invierno.
