La Cámara de Diputados debate el proyecto de ley impulsado por el oficialismo que busca reformar el Régimen de Zona Fría para los subsidios a las tarifas de gas. La iniciativa propone eliminar el beneficio automático por criterio geográfico para ciertas localidades y reemplazarlo por un sistema focalizado según el nivel de ingresos de los usuarios.
El régimen original fue creado en 2002 mediante la Ley 25.565, contemplando descuentos exclusivos para la región patagónica, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza. Posteriormente, en 2021, la Ley 27.637 amplió la cobertura tarifaria a ciertos departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Esta modificación incorporó a 3.365.230 nuevos beneficiarios y sumó la protección a entidades de bien público, asociaciones civiles y comedores comunitarios, además de prorrogar el esquema hasta fines de 2031. De acuerdo con datos de Defensa de Usuarios y Consumidores (De.U.Co), en la actualidad hay 4,3 millones de usuarios alcanzados en total.
El recorte que pretende el Gobierno
El proyecto en debate plantea retrotraer el esquema a su conformación original. De aprobarse, el subsidio geográfico automático se mantendrá únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.
En los más de 100 departamentos incorporados en 2021, el descuento de entre el 30% y el 50% solo aplicará a los hogares que acrediten vulnerabilidad económica y estén inscriptos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El tope para acceder será contar con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 del INDEC, lo que equivale a unos 4,4 millones de pesos.
Actualmente, el sistema se financia mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), abonado por los usuarios de todo el país. El Gobierno sostiene que dicha recaudación es insuficiente para sostener el régimen y demanda fondos adicionales del Tesoro Nacional.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, precisó que con la modificación unos 1,6 millones de usuarios perderán el beneficio. Con este recorte, el Ejecutivo proyecta un ahorro de entre 200.000 y 480.000 millones de pesos, con el objetivo de resguardar el superávit fiscal frente a la baja de la recaudación.
En Buenos Aires, el beneficio abarca a localidades como Tandil y Mar del Plata; de los 1.240.000 hogares bonaerenses que actualmente reciben el descuento, el 80% perdería la asistencia. La Provincia de Buenos Aires sería la más afectada por la quita.
Pero también afectaría a otras provincias como Córdoba. El gobernador Martín Llaryora rechazó la medida argumentando que incrementará de manera exponencial las facturas de los vecinos. En territorio cordobés el cambio afectaría a 600.000 usuarios residenciales distribuidos en 13 departamentos.
Fuente: Ambito Financiero
