Sorpresa, lo que se dice sorpresa, no acaba de ser. Que el rescate de la aerolínea Plus Ultra en plena pandemia fue un caso de corrupción moral del Gobierno es una certeza. Un parto con fórceps que soliviantó y avergonzó a miembros del propio Ejecutivo y a funcionarios que manejaron ese expediente. Para tener acceso al botín de 53 millones, esa empresa, sin casi aviones, con un historial de vuelos ridículo y sin apenas empleados, debía ser declarada previamente “estratégica” para los intereses del tejido productivo español. Sin rubor alguno, el Gobierno sirvió gato por liebre. ¡Plus Ultra estratégica! Un acto de piratería para quien tuviera ojos en la cara. Que la justicia diera carpetazo al asunto en el 2023, tras una denuncia de Manos Limpias, PP y Vox, supuso el fin a las cuitas legales. El tribunal consideró que la manguera por la que acabarían circulando los 53 millones del erario en dirección a la aerolínea estaba homologada. El procedimiento había sido el correcto.
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