El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento con prisión preventiva para 12 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la adquisición y comercialización irregular de armas de fuego. La organización, que fue desarticulada tras un megaoperativo con más de 140 allanamientos en todo el país —incluyendo Neuquén—, utilizaba una red de «testaferros registrales» para desviar armamento del mercado legal hacia circuitos delictivos.
La investigación permitió detectar un sistema funcional y permanente de provisión de armas que incluía la participación de gestores, armerías y hasta un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según la resolución judicial, el grupo habría logrado registrar al menos 742 armas a nombre de personas vinculadas a la organización, cuyo destino final es incierto, ya que no fueron halladas en los domicilios declarados.
Una estructura profesionalizada
Para el magistrado, la prueba producida es suficiente para corroborar el funcionamiento de una estructura estable que operaba al menos desde enero de 2022. El juez sostuvo en su resolución que se pudo reconstruir “un circuito funcional y permanente de provisión irregular de armamento”, basado en la división de tareas y la recurrencia de los mecanismos utilizados.
La banda reclutaba a personas, muchas veces en situación de vulnerabilidad, para inscribirlas como legítimos usuarios ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Estos «usuarios interpuestos» adquirían pistolas semiautomáticas calibres 9mm, .40 y .380, que luego eran entregadas a la organización para su venta ilegal, incluso con sospechas de contrabando hacia Chile.
El rastro en la Patagonia
El alcance de la red criminal tuvo un fuerte impacto en el sur del país. Durante el operativo realizado en abril pasado, se concretaron procedimientos simultáneos en Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.
En el marco de la investigación, el 27 de abril pasado se realizaron 140 allanamientos simultáneos en todo el país, coordinados por el Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, con la participación de distintas áreas operativas y de inteligencia de esa fuerza federal.
Hubo 140 procedimientos que se desplegaron en trece jurisdicciones, con la siguiente distribución: 73 en la provincia de Buenos Aires, 18 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 en Tucumán, 12 en Santa Fe, 10 en Córdoba, 3 en Mendoza, 3 en San Luis, 2 en Misiones y 1 en cada una de las provincias de Corrientes, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego y Chubut. En total intervinieron 193 brigadas y 772 efectivos. Como resultado de los operativos se logró el secuestro de unas 120 armas de fuego con el siguiente detalle: 55 pistolas, 25 escopetas, 17 revólveres, 8 ametralladoras, 7 fusiles, 5 carabinas y 3 pistolones.
También se incautaron una granada de mano Mk 2, más de 40.000 municiones de distintos calibres y una cantidad significativa de documentación y dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa. Asimismo, se incautaron otros elementos vinculados a las maniobras investigadas, lo que permitió profundizar las líneas de análisis sobre el funcionamiento de la organización.
Además del procesamiento, el juez González Charvay dispuso embargos sobre los bienes de los imputados que oscilan entre los 100 y 150 millones de pesos. Respecto a la prisión preventiva, el magistrado consideró que existe riesgo de entorpecimiento, dada la capacidad operativa demostrada por la banda y su acceso a mecanismos registrales oficiales.
