América para los (norte)americanos: Trump y el regreso de la injerencia de Estados Unidos – El Orden Mundial

Cuba está al borde del precipicio. Tras meses de presión incesante, con un endurecimiento del bloqueo, amenazas, tensas negociaciones y la reciente imputación de Raúl Castro, Trump quiere lograr lo que tanto él como sus antecesores han buscado durante seis décadas: el fin del régimen castrista y, sobre todo, la vuelta de Cuba a la órbita de de Estados Unidos. La estrategia de Washington contra la nación caribeña no es ni un error de cálculo ni una salida en falso. Es, como también lo fue el secuestro de Nicolás Maduro a principios de año en Venezuela, el renacer de una estrategia histórica, la de las injerencias de Estados Unidos en América Latina, que ha revivido con fuerza con el magnate neoyorquino. 

Pese a las promesas de Trump de paz y estabilidad, la historia intervencionista de Estados Unidos demuestra que esa paz a través de la fuerza pocas veces ha acabado bien para alguien que no sea la propia Casa Blanca. Trump no está interesado en una Cuba democrática, sino en una Cuba dócil. El objetivo de fondo, explícito en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional y evidente tras el secuestro del mandatario venezolano a principios de año, es recuperar la doctrina Monroe. Es decir, garantizar que el continente americano vuelva a estar a merced de la gran potencia. 

Convertir la región en el patio trasero de Estados Unidos una vez más bebe de la herencia que han dejado presidentes como Roosevelt, Eisenhower, Kennedy, Nixon o Reagan: una de invasiones, ataques militares, apoyo a dictaduras e injerencia política por toda América Latina a lo largo del último siglo. 

En todos estos casos, tanto Trump como sus predecesores repitieron el mismo mantra: la intervención era necesaria por una cuestión de seguridad nacional. Sin embargo, las más de cincuenta intervenciones estadounidenses del siglo XX han servido más propósitos económicos —en muchas ocasiones ligados a empresas concretas, como la United Fruit Company— e ideológicos que a frenar una amenaza para la potencia norteamericana. 

En el caso de Venezuela en enero de 2026, las acusaciones de narcotráfico y crimen organizado que se lanzaron sobre Maduro seguían ese mismo patrón. Los datos apuntan a que el país no jugaba un papel destacado en el tráfico regional de drogas — el 84% de la cocaína que llega a Estados Unidos parte de Colombia y no atraviesa el Caribe, sino el Pacífico—, pero servía como pretexto para alcanzar los verdaderos objetivos del magnate: conseguir un Gobierno en Venezuela alineado con los intereses de Estados Unidos. Las principales intervenciones en el continente han compartido este horizonte y, de hecho, la invasión de Panamá de 1989 utilizó la misma excusa: la lucha contra las drogas. 

El Gobierno de George H. W. Bush lanzó la operación Causa Justa contra el país centroamericano el 20 de diciembre de 1989, una invasión que se extendería hasta el 31 de enero de 1990. Sobre el papel, los objetivos de Estados Unidos eran cuatro. Primero, proteger la vida de los estadounidenses en Panamá. Segundo, detener al presidente dictador Manuel Noriega por delitos de narcotráfico. Tercero, defender la democracia y los derechos humanos. Y cuarto, respetar el cumplimiento del tratado que regulaba el canal de Panamá. 

Tras estos cuatro propósitos, sin embargo, había dos grandes cuestiones de fondo. Por un lado, se pensaba que una Panamá bajo Noriega suponía un riesgo para el control del canal, que hasta poco antes había estado bajo colonización de Estados Unidos. Por otro lado, las conexiones de Noriega con el narcotráfico, reales, estaban poniendo en una posición delicada al Gobierno estadounidense, la CIA y la DEA (Administración de Control de Drogas estadounidense), que hasta ese momento habían trabajado y mantenido buenas relaciones con el dictador. 

Pese a esto, la invasión no trajo un inmediato futuro próspero a Panamá. El fin de la ocupación aupó a un Gobierno de coalición liderado por Guillermo Endara en el que también había representación del partido de Noriega. El nuevo Gobierno comenzó un proceso de privatización de las empresas estatales, abrió la economía al capital extranjero y  estrechó las relaciones con Estados Unidos, a pesar de que la corrupción y el clientelismo siguieron estando a la orden del día. De hecho, el país tardó cuatro años en celebrar elecciones. 

En búsqueda de un continente afín

Hasta 2026, Panamá había sido el último despliegue militar estadounidense en América Latina, pero ni mucho menos el único: en 1983, seis años antes de la invasión de Panamá, el ejército estadounidense había ocupado militarmente la pequeña isla caribeña de Granada. Esta invasión se enmarcó en un contexto muy concreto: la lucha anticomunista de la Guerra Fría.

El país había vivido la llegada al poder de un Gobierno marxista-leninista liderado por Maurice Bishop, el primero y único abiertamente comunista del Caribe anglófono. A principios de 1983, el presidente estadounidense Ronald Reagan empezó a señalar el peligro para la seguridad nacional que suponía la militarización soviético-cubana de la región. Entre acusación y acusación, Granada atravesaba una crisis de inestabilidad interna por la disputa del poder en la isla, que terminaría con la detención de Bishop. Con el conflicto interno en marcha, para octubre de 1983 Reagan había desplegado un portaaviones, cinco buques de guerra y dos buques anfibios para tomar el país.

El pánico de la Casa Blanca con Granada era parte del llamado “efecto dominó”. Es decir, la creencia de que si un país caía en la órbita soviética, sus vecinos caerían también. El trauma de la Revolución cubana de 1959 seguía muy presente en Estados Unidos, que durante años trató de acabar con el Gobierno castrista de la isla. 

Fueron numerosas las intervenciones estadounidenses en Cuba, incluyendo los múltiples intentos de asesinato a Fidel Castro, el bloqueo, las sanciones o su designación como país patrocinador del terrorismo. Entre ellas destaca la fallida invasión de la bahía de Cochinos de 1961, cuando Estados Unidos armó y entrenó a más de mil exiliados cubanos en Guatemala para que trataran de tomar la isla. 

Para John F. Kennedy este plan no podía parecer impulsado por Estados Unidos, sino una iniciativa popular. Pero la invasión fue un fracaso y provocó tanto una oleada de protestas por otros puntos de Latinoamérica, como un golpe al prestigio estadounidense y un deterioro de sus relaciones con el continente. Un año después, la URSS desplegaría en secreto varias ojivas nucleares en la isla y desataría la crisis de los misiles, el momento más tenso de la Guerra Fría.

Armar a la oposición anticomunista al estilo de Bahía de Cochinos fue una estrategia común. Un ejemplo es la Nicaragua de los años ochenta, cuando Estados Unidos brindó apoyo militar, logístico y económico a los contras, los grupos insurgentes contrarrevolucionarios, en su lucha contra el Gobierno sandinista.  

En 1982, The New York Times se refirió a esta operación encubierta como “la operación paramilitar y política más ambiciosa llevada a cabo por la CIA en casi una década”. El objetivo no era tanto que los contras consiguiesen acabar con el Gobierno, sino desatar una respuesta violenta por parte de los sandinistas y así utilizarla como pretexto para una acción militar. En cualquier caso, las consecuencias fueron un impacto humanitario y económico sin precedentes, teniendo en cuenta que los grupos paramilitares cometieron constantes asesinatos, torturas y violaciones, además de saqueos y destrucción de cosechas e infraestructura civil. 

Otro ejemplo en el que la lucha anticomunista se entremezcló con motivaciones económicas fue Guatemala en 1954. El país representaba una de las joyas de la United Fruit Company, empresa estadounidense que controlaba el 90% del mercado mundial de bananas y buena parte de las plantaciones de azúcar y tabaco caribeñas. 

Durante el mandato de Jacobo Árbenz Guzmán, el Gobierno guatemalteco impulsó una reforma agraria que perjudicaba a la compañía norteamericana. La medida fue tildada de política soviética por la administración de Eisenhower, donde muchos funcionarios, incluido el propio presidente, poseían acciones en la empresa alimentaria. Estados Unidos, al estilo de lo que haría en Cuba para Bahía de Cochinos, armó y entrenó a un “ejército de Liberación” guatemalteco para que tumbase al Gobierno de Árbenz, que terminaría cayendo a finales de junio de 1954. 

De acuerdo con la investigadora Lindsey A O’Rourke, que ha estudiado las últimas décadas de injerencia de Estados Unidos en América Latina, golpes de Estado encubiertos como el que se llevó a cabo contra Árbenz en Guatemala fueron exitosos a la hora de colocar a un Gobierno títere en el país, pero ninguno condujo a la estabilidad a largo plazo. En el caso de Guatemala, dio paso a una dictadura militar que traería consigo una guerra civil, profundas desigualdades y décadas de inestabilidad y vulneraciones de derechos humanos apoyadas por Washington. 

Objetivo: eliminar a la disidencia

La lucha anticomunista de Estados Unidos no se limitó a estas intervenciones concretas, sino que tomó un carácter estructural y duradero con la operación Cóndor: una campaña de represión y terrorismo de Estado de las dictaduras latinoamericanas que se extendió entre los años sesenta y ochenta. Con el apoyo económico y militar de Washington, estos regímenes cometieron persecuciones, torturas y asesinatos contra los movimientos políticos de izquierda en la región. 

Inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense, que tenía la lucha contra el comunismo como punta de lanza, la Operación Cóndor se fraguó en 1975 entre los regímenes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Más adelante se unirían las dictaduras de Brasil (1976), Perú y Ecuador (1978). En la práctica, el plan supuso la represión de miles de opositores, periodistas, docentes, estudiantes, activistas, sindicalistas y miembros de grupos armados que fueron detenidos o asesinados. 

La operación Cóndor fue, además, el momento en que Estados Unidos decidió extender su puño hacia el sur del continente, ya que durante toda la primera mitad del siglo XX se había centrado en afianzar su control sobre la región del Caribe. 

El Caribe, de hecho, había sido el laboratorio intervencionista de la Casa Blanca desde casi la propia independencia de Estados Unidos, sobre todo tras adquirir nuevas colonias en la región con su victoria en la guerra contra España de 1898. Durante los primeros años del siglo XX, Estados Unidos intervino en Panamá, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Cuba, Haití o México. Buena parte de estas operaciones de principios de siglo se enmarcan en las llamadas guerras bananeras, destinadas también a sofocar a las disidencias latinoamericanas, en su mayoría opuestas al control estadounidense de sus recursos. 

En este periodo se produjeron largas ocupaciones de países caribeños, como la de Nicaragua entre 1912 y 1933 para intervenir en la política y economía del país y así proteger los intereses estadounidenses en la industria bananera liderada por la United Fruit Company. O la de Haití entre 1915 y 1934, cuando el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson mandó a los marines para proteger activos estadounidenses. En esta última Estados Unidos impuso un tratado que le daba control total de las finanzas haitianas y modificó la Constitución de la isla para permitir la propiedad extranjera de tierras, prohibida desde la Revolución haitiana.