Estaría identificado el autor de la amenaza de bomba que días atrás obligó a la suspensión de la programación boxística y la inmediata evacuación del salón de fiestas del Club Social y Deportivo El Fortín.
La investigacións es instruida por la UFI N° 7 Dr. Cristian Urlezága, está caratulada “Intimidación pública” y habría derivado en el allanamiento en el domicilio de un efectivo policial, con amplias vinculaciones con la movida boxística local, tanto como organizador o como púgil. Por tratarse de un integrante de la fuerza, las investigaciones estuvieron a cargo de la DDI de Azul.
La amenaza de bomba en pleno desarrollo del festival de boxeo se produjo el pasado 17 de abril, alrededor de las 22, con más de 200 personas presentes en el recinto.
El área prensa de la Fiscalía General de Azul, informó que continúa avanzando en la investigación por el llamado intimidatorio que motivó un operativo de seguridad durante un festival de boxeo realizado en el Club El Fortín.
El hecho ocurrió en el marco de un evento deportivo, cuando a través de una comunicación al servicio de emergencias 911 se alertó sobre la presunta existencia de un artefacto explosivo en el lugar.
A raíz de ello, se activó el protocolo correspondiente, interviniendo personal policial, bomberos y la Brigada de Explosivos, procediéndose a la evacuación preventiva del predio. Tras las inspecciones realizadas, se descartó la presencia de elementos explosivos.
En el marco de la investigación se logró individualizar a una persona sospechada de haber efectuado el llamado intimidatorio, por lo cual se llevaron adelante allanamientos en los que se secuestraron teléfonos celulares que actualmente son sometidos a pericias técnicas.
Hasta el momento no se ha formalizado imputación alguna y el sujeto quedó sujeto al resultado de las medidas probatorias en curso.
El comunicado de la Fiscalía añade que “se investiga una posible vinculación del sospechado con el ámbito de organización de eventos de boxeo, línea investigativa que forma parte de las hipótesis actualmente en análisis”.
En la Argentina, una amenaza de bomba en un evento deportivo se penaliza bajo el delito de intimidación pública, con penas de 2 a 6 años de prisión.
Los responsables también deben enfrentar severas sanciones económicas por los operativos de seguridad y restricciones para ingresar a estadios.
Según el Artículo 211 del Código Penal, quien infunda temor público o provoque tumulto o alarma mediante una falsa amenaza de bomba es reprimido con prisión de 2 a 6 años.
Si la amenaza obliga a interrumpir un servicio público o suspender un evento masivo, las condenas tienden a ser de cumplimiento efectivo.
El Régimen Penal para Espectáculos Deportivos (Leyes 23.184 y 24.192) atiende a la legislación específica de seguridad en eventos deportivos y añade penas accesorias que inhabilitan directamente al responsable.
Prohibición de concurrencia: Inhabilitación de 6 meses a 5 años para concurrir al tipo de espectáculo deportivo que motivó el delito.
El cumplimiento suele exigir que el condenado se presente en una sede policial durante la realización de los eventos.
Inhabilitación a dirigentes/jugadores: Si el responsable está vinculado al deporte profesional, la inhabilitación para ejercer cargos puede extenderse de 1 a 15 años.
Alteración del orden público: el Artículo 37 de la Ley 24.192 sanciona con 5 a 15 días de arresto y prohibición de concurrencia a quien ocasione alteraciones del orden público o incite a ello.
