Las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y los funcionarios del Ministerio de Economía no logran ponerse de acuerdo en torno a quién debe realizar la privatización del canal de cine argentino CineAr TV y la plataforma de streaming CineAr Play.
En diciembre pasado, el presidente del INCAA, Carlos Pirovano, aseguraba que ya estaba casi todo listo para hacer la licitación y que en abril de 2026 se iban a transferir esos medios. En ese entonces, Pirovano decía que estaban puliendo los últimos detalles de una «subasta» con la que el INCAA podría ahorrar US$ 1 millón al año, además de «generar un ingreso adicional por los derechos de exhibición» de las películas y series argentinas, según explicó en declaraciones periodísticas.
Pero fuentes que siguen de cerca este proyecto oficial explicaron a Clarín que surgieron «trabas burocráticas», que dilatan la realización de esa privatización.
Desde el INCAA dijeron que el Gobierno nacional de Javier Milei resolvió que todo el proceso pase al área del Ministerio de Economía que se encarga de las privatizaciones de empresas públicas; pero que se postergó la de CineAr TV y CineAr Play porque «ahora están con otras privatizaciones más urgentes», como las de Transener, Aysa, Intercargo, Enarsa, Corredores Viales y algunos ferrocarriles.
Desde el Ministerio de Economía rechazaron esa versión y aseguraron que, en realidad, el Gobierno planeaba el año pasado privatizar un paquete de canales públicos nucleados en torno a la empresa Contenidos Artísticos e Informativos, proceso del cual iba a participar Economía; pero que luego hubo un cambio de decisión, ya que se descartó la idea de privatizar esos canales (Paka Paka, Encuentro y DeporTV) y «se devolvió CineAr al INCAA para que lo privatice por su cuenta», ya que «es una unidad de negocio del INCAA» y no es una empresa pública.
Mientras las diferentes áreas del Gobierno libertario se acusan entre sí de postergar el primer proceso de privatización del sector audiovisual en la gestión de Milei, el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Martín Ozores, salió a oponerse a la iniciativa de Jorge Macri de dar en concesión por cinco años las dos radios y el Canal de la Ciudad.
Ozores intimó la semana pasada al jefe de Gobierno porteño a suspender la licitación y lo acusó de llevar adelante un proceso que va contra la normativa vigente en el sector de las comunicaciones audiovisuales, que impide «delegar la explotación del servicio». El funcionario designado por Milei le advirtió a Jorge Macri que, de concretarse la adjudicación a una empresa privada, ello «configura falta grave», que se «penaliza con la sanción de caducidad de la licencia o registro».
«Nosotros ya tenemos todo listo, terminamos de recopilar la información sobre CineAr y CineAr Play, para armar el pliego de licitación y entregarlos al sector privado antes de fin de año. Pero ya es un tema que nos excede», dijo a Clarín una fuente cercana a las autoridades del INCAA, que se lamentó por la demora que surgió en el seno del gobierno libertario.
La privatización que propone el presidente del INCAA es con una transferencia de los empleados que trabajan en CineAr, junto con la marca y los derechos de exhibición del canal y la plataforma de streaming, que el funcionario calculó en unas 1.000 películas, cortometrajes y series. Planea transferir los 10 empleados que quedaron en ambos medios, de los 40 que había hace poco más dos años.
Es que en la actualidad el INCAA tiene 250 empleados, de los 830 que había cuando arrancó el gobierno de Milei.
Los anuncios de Pirovano para privatizar CineAr y CineAr Play se hicieron en medio de un clima de fuertes protestas de la industria del cine nacional, cuyos trabajadores y entidades realizaron movilizaciones en la sede central del INCAA y llevaron sus quejas a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación.
«Las Asociaciones nucleadas en el Espacio Audiovisual Nacional manifestamos nuestro repudio absoluto a la clausura y privatización de CineAr TV y CineAr Play, la única vía gratuita para acceder al cine nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país», plantearon en esa ocasión en un comunicado conjunto Argentores, Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC) y otras entidades del sector audiovisual.
Y añadieron: «En un contexto en el que las salas están monopolizadas por producciones internacionales, cerrar y privatizar estos espacios significa literalmente la negación de la diversa producción audiovisual nacional y el acceso a nuestra cultura por parte de la sociedad».
Las autoridades del INCAA negaron que fueran a cerrar el canal de TV y la plataforma de streaming. Pero insistieron en la necesidad de privatizarlos, quitándole funciones y recursos al organismo oficial, luego del ajuste en los gastos y el despido de casi 600 empleados desde que asumió la gestión libertaria.
