El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha estimado el recurso del sector inmobiliario y ha anulado el plan general metropolitano para la mejora urbanística y ambiental del barrio de Gràcia, que fue aprobado en febrero de 2022 por el anterior gobierno municipal. La Sala considera que varias de las medidas relativas a la construcción de obra nueva o a la rehabilitación de inmuebles son inviables. La sentencia llega días después de otra, que fue dictada a principios de mes, que también anulaba el plan por no solicitar un informe de la Agencia Catalana del Aigua sobre las ocho minas de agua que existen en el barrio.
Según el tribunal, la modificación urbanística presentaba deficiencias sustanciales, especialmente en lo relativo a la insuficiencia del estudio económico y financiero que la acompañaba. La sentencia asume como determinante una pericial judicial presentada por el sector inmobiliario que concluía que las medidas previstas generaban pérdidas de rendimiento significativas y las hacían inviables en la práctica.
El tribunal sostiene que las medidas impuestas para levantar vivienda protegida hacía inviables los proyectos
En concreto, el plan establecía la obligatoriedad de que, en caso de levantar obra nueva de entre 400 y 600 metros cuadrados, el 30% se destinara a vivienda protegida. En los casos de división de viviendas con una superficie superior a 160 metros cuadrados, el 50% debía ser vivienda libre y el otro 50%, vivienda protegida. Estas propuestas, concluye el tribunal, “presentan pérdidas de rendimiento importantes y hacen inviables las actuaciones previstas”.
Y añade que, “con esta perspectiva sobre la viabilidad económica, no parece posible que se cumpla el objetivo principal establecido en la memoria del plan, que era recuperar el uso residencial y de servicios para los residentes, porque se están proponiendo medidas que podrían aumentar el número de viviendas en tejido ya construido, pero sin ofrecer ningún incentivo económico al respecto”.
El recurso fue presentado conjuntamente por la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona-Lleida, el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província y la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Las entidades recurrentes insisten en que la sentencia no cuestiona los objetivos de la reforma —como el incremento de la vivienda asequible o la mejora urbanística de los barrios—, sino la manera en que se pretendían alcanzar. “Las políticas de vivienda deben ser jurídicamente sólidas, económicamente viables y fruto del diálogo con los agentes que deben ejecutarlas”, señalan.
En este sentido, advierten de que medidas diseñadas sin un análisis riguroso pueden tener el efecto contrario al deseado: frenar la actividad inmobiliaria, dificultar la rehabilitación del parque existente, reducir la inversión y retrasar la puesta en el mercado de nuevas viviendas.
El debate también se centra en el reparto de las cargas. La pericial judicial destacaba que el modelo previsto atribuía prácticamente toda la obligación de generar vivienda social al promotor privado, sin una corresponsabilidad real por parte de la Administración. Las entidades consideran que este desequilibrio agrava un marco normativo ya exigente y reclaman un reparto más equitativo entre el sector público y el privado.A raíz de la sentencia, el sector inmobiliario pide que los futuros planeamientos incorporen desde el primer momento estudios de viabilidad rigurosos y se elaboren mediante espacios de diálogo con los distintos actores implicados: promotores, propietarios, administradores de fincas e intermediarios.
Las organizaciones firmantes aseguran, además, que mantienen su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el resto de administraciones para diseñar un urbanismo “orientado a resultados” que permita aumentar la oferta de vivienda, impulsar la rehabilitación y garantizar la seguridad jurídica.
Redactor de tribunales. Autor del libro ‘Solo tú me tendrás’ sobre el crimen de la Guardia Urbana. Ha trabajado en la Cadena SER y en RAC1. Licenciado en Periodismo (UPF) y Ciencias Políticas (UAB)
