Las instituciones públicas, tan necesarias para el gobierno de una sociedad, han de hacerse merecedoras de su existencia, bien entendido que los ciudadanos que les competen han de percibir su utilidad, ya que la iniciativa privada, tan esencial como necesaria, no podría hacerlo por sí sola para garantizarlo ni para la prestación de aquellos servicios esenciales que comprenden los ámbitos político y privado de una sociedad. En definitiva, estas debieran tener en cuenta el interés general por encima de cualquier otro interés partidista o privado por más poderoso que fuera.
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