Este martes, la Justicia ordenó frenar el cierre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) AMBA, con lo que impide que haya despidos de trabajadores y ventas de los inmuebles. La decisión representa un revés para el Gobierno de Javier Milei, que pretende el desmantelamiento del organismo.
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, hizo lugar a una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y dictó una cautelar por seis meses. Según el fallo, el cierre del INTA AMBA es una resolución “manifiestamente arbitraria e ilegítima”.
La decisión refiere a la Resolución 20/2026, que disponía el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y de nueve agencias, además del traspaso de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Así, consideró que la normativa no tiene “motivación suficiente” y que está “carente de vigencia”.
Por eso, ordenó a las autoridades del INTA abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades.
El plan del Gobierno
Con la Resolución 20/2026, el Gobierno nacional había dispuesto un nuevo esquema de retiro voluntario para los trabajadores de planta permanente, en línea con el ajuste sobre organismos del Estado que pregona la gestión de Milei. Esta normativa estableció la creación del Sistema de Retiro Voluntario.
Este sistema estipulaba el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, con acento en los empleados que registran una antigüedad mínima de tres años. Esto contemplaba solo el tiempo trabajado como personal permanente en la Administración Pública Nacional.
Además, se estableció que aquellos que adherían al retiro voluntario no podían reingresar al Sector Público Nacional durante un período de cinco años, sin importar la modalidad de contratación. El objetivo de esta medida consistía en reducir el plantel de personal en, al menos, 1.000 trabajadores.
