La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza (ADUNLaM), la Asociación de Trabajadores nodocentes de la UNLaM (ATUNLaM), el Centro de Estudiantes – Liga Federal Universitaria (LFU) y estudiantes e integrantes de la comunidad se hicieron presentes en la marcha federal Ni Una Menos. En la movilización se exigió justicia por las víctimas de femicidio, el cumplimiento de la legislación vigente y la aplicación efectiva de políticas públicas de prevención y protección.
En este marco, la comunidad de la UNLaM sostuvo su compromiso con la construcción de espacios educativos, laborales y sociales con perspectiva de género. A su vez, reafirmó la necesidad de continuar impulsando acciones de sensibilización, formación y acompañamiento frente a las violencias.
La comunidad universitaria volvió a participar de una jornada colectiva que continúa consolidándose como un espacio de lucha, visibilización y exigencia de políticas integrales que garanticen vidas libres de violencia.
«Ni Una Menos» : expresión de lucha
La consigna que desde hace 11 años es bandera de resistencia sigue vigente en un escenario donde persisten la violencia por motivos de género y los casos de femicidios. Según distintos relevamientos, en lo que va de 2026 se registraron 104 víctimas fatales y 233 tentativas de femicidio.
A partir de aquel 3 de junio de 2015, las mujeres y diversidades lograron visibilizar situaciones históricamente silenciadas, generaron redes de acompañamiento y una mayor presencia del tema en la agenda pública. Sin embargo, las organizaciones denuncian la ausencia de respuestas del Estado y la falta de una perspectiva integral por parte de la justicia.
En la jornada de este año, los reclamos incluyeron el pedido de justicia por víctimas recientes de femicidio, la continuidad de políticas públicas específicas. Además, se sostuvo el rechazo a iniciativas como el proyecto de ley de “falsas denuncias”, que según las agrupaciones feministas, podrían obstaculizar el acceso a la denuncia y a la protección.
Asimismo, se expresó preocupación por el retroceso en materia de derechos, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento de programas destinados a la prevención y asistencia en situaciones de violencia de género.
