El conflicto entre la provincia de Buenos Aires y la administración central de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de máxima tensión en el terreno judicial. El gobernador Axel Kicillof se presentó este jueves ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de la audiencia por los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y lanzó duras acusaciones contra el Ejecutivo nacional por el ahogo financiero a las arcas provinciales.
A la salida del máximo tribunal, Kicillof no ocultó su malestar tras constatar que los técnicos que responden al ministro de Economía, Luis Caputo, incumplieron con el compromiso previamente asumido de presentar una propuesta formal de pago para saldar las deudas acumuladas.
«Medio presupuesto anual»
«Milei nos debe a los bonaerenses medio presupuesto anual», sentenció el mandatario provincial ante la prensa, dimensionando la magnitud del recorte que sufre Buenos Aires. Según detalló el gobernador, la parálisis y la quita de transferencias obligatorias por ley no representan un «ahorro» del Gobierno nacional, sino un incumplimiento liso y llano de sus deberes que impacta de forma directa sobre la vida de los ciudadanos, los jubilados y la infraestructura de la provincia.
La audiencia clave, que buscaba encontrar una vía de resolución o un cronograma de regularización de los giros para la caja previsional bonaerense, terminó sin respuestas concretas por parte de la comitiva de Nación, profundizando la incertidumbre respecto a cómo continuará el flujo de fondos.
Cómo sigue el conflicto
Desde el entorno de la gobernación bonaerense ratificaron que continuarán agotando todas las instancias legales y políticas para recuperar los recursos que le corresponden a la provincia por ley. El plantón de los funcionarios de Luis Caputo en la Corte no solo traba las negociaciones técnicas, sino que escala el conflicto político general en un momento de altísima sensibilidad económica.
Con los puentes de diálogo prácticamente rotos y sin ofertas sobre la mesa, la decisión final queda ahora en manos de los ministros de la Corte Suprema, quienes deberán dictaminar sobre el multimillonario reclamo bonaerense que promete marcar un precedente clave en la relación económica entre la Nación y las provincias.
