El Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió en Washington al fiscal general de Guatemala, Gabriel Estuardo García Luna, y al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para reforzar la cooperación bilateral contra redes de tráfico de personas, cárteles y otras estructuras criminales, en una visita que marca la reactivación del vínculo institucional con el Ministerio Público guatemalteco tras varios años de distanciamiento.
La reunión fue confirmada por la División Criminal del Departamento de Justicia en la red social X. Según esa publicación, el encuentro buscó “fortalecer nuestra cooperación en el objetivo de desmantelar redes de tráfico de personas, combatir cárteles y llevar a los criminales ante la justicia”.
El viaje también adquiere relevancia por el contexto diplomático reciente, considerando que la relación entre Washington y el Ministerio Público estuvo prácticamente congelada desde 2021, durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras, vetada de 44 países.
El Ministerio Público de Guatemala difundió en su sitio oficial que representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y Gabriel Estuardo García Luna, como fiscal general y jefe del Ministerio Público, fortalecen la cooperación transnacional para combatir el tráfico de personas, las estructuras criminales y otros delitos vinculados al crimen organizado.
Según el Ministerio Público, durante el encuentro se subrayó la necesidad de mantener acciones coordinadas para fortalecer las investigaciones, optimizar los mecanismos de control y garantizar procesos transparentes, eficientes y apegados a la ley.
La recepción oficial de Gabriel García Luna y Marco Antonio Villeda fue presentada por el como una señal de restablecimiento de las relaciones institucionales entre el Ministerio Público y Estados Unidos. La presencia simultánea del fiscal general y del ministro de Gobernación mostró, además, una coordinación entre la Fiscalía y el Ejecutivo guatemalteco en la agenda de seguridad llevada a Washington.
La División Criminal del Departamento de Justicia también mencionó la participación del Buró de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Servicio de Investigación de Seguridad Nacional, identificado por sus siglas HSI. En la publicación, la dependencia estadounidense incluyó además a la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero, conocida como OPDAT.
La publicación sitúa esta reunión dentro de una agenda de seguridad compartida entre ambos países y dentro del esfuerzo del Gobierno de Guatemala por consolidar alianzas con socios internacionales en la lucha contra el crimen transnacional. La prioridad expuesta en esa agenda fue la persecución de redes de tráfico ilícito de migrantes, el combate a los cárteles y el procesamiento penal de estructuras criminales.
El cambio de tono en la relación bilateral contrasta con la etapa anterior. Washington redujo de forma considerable sus vínculos con la entonces fiscal general Consuelo Porras después de incluirla en la Lista Engel por considerar que había obstruido investigaciones sobre corrupción y socavados procesos democráticos.
Esa sanción implicó la prohibición de ingreso a territorio estadounidense. Lo cual se describe como el primer castigo internacional contra la exfuncionaria y añade que después fue seguida por medidas similares adoptadas por decenas de países.
La respuesta central al hecho es esta: Estados Unidos volvió a recibir oficialmente a la cúpula de seguridad y justicia de Guatemala para coordinar acciones contra el tráfico de personas y el crimen organizado, y ese gesto revierte el aislamiento institucional que había marcado la relación con el Ministerio Público en los últimos años.
De acuerdo con la publicación en el MP de Guatemala, García Luna sostiene desde el miércoles una agenda de reuniones oficiales en Washington.
Ese acercamiento abre una nueva fase de interlocución en temas que ambos gobiernos consideran estratégicos, en especial la lucha contra organizaciones criminales transnacionales y redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.
