Heráclito de Éfeso, el más enigmático de los filósofos griegos, dejó escrito hace dos mil quinientos años un fragmento que todavía nadie terminó de agotar: «El tiempo es un niño que juega, y del niño es el reino». En esa imagen cabe toda una teoría de la infancia. El niño juega porque el juego es su forma de estar en el mundo, su trabajo es jugar, aprender, crecer. El reino le pertenece porque el futuro le pertenece. Cada vez que una sociedad pone a un chico a trabajar, no comete solamente una infracción legal: le usurpa el reino.
El día 12 de junio, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización Internacional del Trabajo en 2002. El lema elegido para 2026, en plena efervescencia mundialista, no podría ser más gráfico: tarjeta roja al trabajo infantil, juego limpio para los niños, trabajo decente para los adultos. La metáfora futbolera tiene una virtud, todos entendemos qué significa una tarjeta roja. Es la sanción que expulsa de la cancha la conducta que no admite segunda oportunidad. El problema es que el trabajo infantil viene cometiendo la misma falta hace décadas y ningún árbitro termina de expulsarlo.
Los números del fracaso son oficiales. La comunidad internacional se había comprometido, en la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a erradicar el trabajo infantil en todas sus formas para el año 2025. El plazo venció. Las últimas estimaciones mundiales de la OIT y UNICEF registran casi 138 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, de los cuales 54 millones realizan trabajos directamente peligrosos para su salud, su seguridad o su desarrollo.
Para alcanzar la erradicación en los próximos cinco años, el ritmo actual de reducción debería acelerarse once veces. Once veces. Es cierto que hay progreso, desde el año 2000 la cifra global cayó casi a la mitad, de 246 a 138 millones, pero un mundo que produce inteligencia artificial generativa y turismo espacial no puede exhibir como triunfo que solo 138 millones de chicos trabajen.
UNICEF
América Latina aporta a esa cuenta 7,3 millones de niños de entre 5 y 17 años. La región redujo la prevalencia del 6% al 5,5% en los últimos cuatro años, una mejora real pero lenta, concentrada además de manera despareja: el trabajo infantil rural, agrícola e intrafamiliar sigue siendo el más extendido y el más invisible. Europa, en cambio, exhibe las tasas más bajas del planeta, y no por milagro cultural sino por densidad institucional: escolaridad obligatoria efectiva, inspección del trabajo que funciona, transferencias a las familias condicionadas a la escuela, y una premisa que las crisis no lograron derogar, la infancia no se toca. La lección europea no es presupuestaria, es de prioridades.
¿Y la Argentina? La Argentina tiene un problema previo al problema: no sabe cuántos chicos trabajan. La última medición oficial es la EANNA 2016-2017, que registró que el 10% de los niños de entre 5 y 15 años realizaba al menos una actividad productiva. Desde entonces, silencio estadístico: casi una década sin datos oficiales. Las estimaciones privadas más serias, como las del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ubicaron el trabajo infantil en torno al 14,8% de los chicos de 5 a 17 años, con picos del 20% en zonas rurales; entre los adolescentes de 16 y 17 años la incidencia trepa al 31,9% a nivel nacional y al 43,5% en el campo.
Lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona, en política pública, sencillamente no existe. Un Estado que discute la modernización integral de su sistema laboral, que renegocia cientos de convenios colectivos y rediseña hasta el financiamiento de las indemnizaciones, pero que no puede decir cuántos de sus niños trabajan, tiene el orden de prioridades invertido.
Porque las leyes, hay que decirlo, las tenemos, y son buenas. La Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional desde 1994, prohíbe en su artículo 32 la explotación económica infantil. Los Convenios 138 y 182 de la OIT están ratificados. La ley 26.390 prohíbe el trabajo de menores de 16 años y somete el trabajo adolescente a un régimen protegido. La ley 26.847 incorporó al Código Penal el artículo 148 bis, que castiga con prisión a quien se aproveche económicamente del trabajo de un niño. Papel no falta. Falta lo que el papel no puede hacer solo: inspección en serio, medición periódica, escuela que retenga, ingreso familiar que sustituya, y un sistema de justicia que mire al niño cuando el niño aparece en un expediente.
Me detengo en este último punto, porque es el menos discutido de todos. Cuando un adolescente aparece en una relación de trabajo —registrada o clandestina, urbana o rural, presencial o detrás de una pantalla—, ese expediente no es un expediente más. Allí no hay solamente un crédito laboral en disputa: hay una persona en formación cuyo interés superior tiene rango constitucional y cuya voz procesal no puede quedar subsumida en la de los adultos que litigan. Nuestro derecho conoce desde antiguo la respuesta institucional, la figura del asesor, el ministerio público que asiste y representa los intereses del niño en todo proceso que lo afecte, como lo exige la ley 26.061 y como lo practican con solvencia los fueros de familia.
El desafío de la próxima década, mientras la justicia del trabajo se reorganiza territorialmente y la Ciudad de Buenos Aires construye su propio fuero laboral, es que esa mirada tutelar llegue también, y con plenitud, a los estrados laborales: que ningún juez del trabajo resuelva sobre la vida de un chico sin que alguien, en ese proceso, hable exclusivamente por el chico. Las estructuras judiciales se discuten en términos de competencias y traspasos; deberían discutirse, antes que nada, en términos de a quién protegen.
El derecho del trabajo nació, conviene recordarlo en su día, de la indignación ante los niños en las minas y los telares. Las primeras leyes laborales de la historia —la inglesa de 1833, la francesa de 1841, nuestra ley 5.291 de 1907, redactada por Alfredo Palacios— fueron leyes sobre trabajo infantil. Toda la arquitectura posterior, la jornada, el descanso, la indemnización, los convenios, los sindicatos, se levantó sobre ese cimiento moral: hay cosas que no se compran con salario, y la infancia es la primera de ellas. Un sistema laboral que se moderniza olvidando ese origen no se moderniza: se desmemoria.
Heráclito tenía razón. Del niño es el reino. Cada chico que hoy carga cajones en un mercado de madrugada, que cosecha lo que no comerá, que cuida hermanos mientras sus padres encadenan changas, que entrega pedidos en una bicicleta que no frena, es un rey destronado por los adultos que debían custodiarle el trono. La tarjeta roja no es para él, que nunca cometió falta alguna. Es para nosotros. Y el descuento, Argentina, ya empezó: llevamos nueve años sin siquiera contar cuántos reyes destronados tenemos.
