El sábado 6 de junio por la tarde la noticia del suicidio de la joven conmocionó al distrito. Rápidamente un grupo de amigxs, familiares y vecinxs se organizaron y convocaron a una concentración para el lunes siguiente. Conocían como se había llegado a esta terrible situación: Penélope Vázquez había denunciado a su tío político Raul Ojeda por abuso sexual en 2022, según cuentan, por hechos ocurridos desde 2019.
Tras la denuncia, contaron que el denunciado fue llamado a declarar y rápidamente liberado. Pese a la advertencia de los vecinos del peligro de fuga, el poder judicial no actuó y el acusado se fue seis meses a la costa, no presentándose a otros dos llamados de declaración. Cuentan los vecinos que todos estos años Peny estuvo expuesta tanto al proceso judicial (el cual dio elementos de prueba de abuso) como a un hostigamiento permanente por parte del entorno de Ojeda, lo cual la dejó en una situación de vulnerabilidad que la condujo a quitarse la vida.
El miércoles el grupo organizó una vigilia que se sostuvo hasta el día jueves. Producto de la persistente movilización y las acciones callejeras de les familiares, amigxs y vecinxs, el día jueves el acusado es llamado a declarar. Allí se dio lo que los vecinos llaman un «simulacro de detención»: el denunciado fue liberado rápidamente.
El día viernes un amplio grupo de vecinxs cortaron una arteria principal del cruce de Varela exigiendo justicia. El día sábado, una nueva concentración a una semana de la muerte de Penélope reagrupó a lxs autoconvocadxs. Se acercaron delegaciones de la Agrupación Bordó Docente de Varela, trabajadores de la salud de la CICOOP y estudiantes de En clave Roja de la UNAJ para llevar su apoyo. Allí se encontraron, en la puerta del domicilio del agresor, con cuatro patrulleros de la policía bonaerense. Varias horas sostuvieron la concentración. Decidieron allí mismo los pasos a seguir para la semana entrante.
Una trama de impunidad
Las y los vecinos denuncian que el estado en sus distintas dependencias siguen garantizando la impunidad del agresor. Desde el inicio tuvo la causa el fiscal Alejandro Ruggeri, quien hasta fines de 2024 tuvo a su cargo fiscalías especializadas en violencia familiar y de género. Un funcionario que fue cuestionado también en otros casos. Hoy el caso de Penélope lo toma la fiscal Vanesa Maiola de la Unidad Funcional Descentralizada 6 de Florencio Varela (Departamento Judicial Quilmes)
Hacen cargo de esta situación tanto a los fiscales Alejandro Ruggeri y Vanesa Maiola, quienes en estos cuatro años nunca dieron la orden de detención, como a la Comisaría Tercera de Florencio Varela. Denuncian además que el acusado es parte del organismo CEDEPO (Centro Ecuménico de Educación Popular), una organización que, afirman, tendría vínculos y convenios con el gobierno de la Municipalidad de Florencio Varela y con el de la Ciudad de Buenos Aires. Le exigen al intendente Andres Watson que se pronuncie por la situación y que se termine la impunidad en el distrito.
Cabe recordar que este es el mismo distrito en el que se destapó la Causa Zisuela, red de trata de menores en la que estuvieron involucrados funcionarios y referentes políticos locales. También aquí ocurrió el triple crimen de Brenda, Morena y Lara que conmocionó el país el año pasado y, hace nueve años, la masacre de Senzabello en la cual dos jóvenes fueron acribilladas en plena vía pública. Una oscura trama de impunidad rodea estos aberrantes casos de femicidios sobre pibas jóvenes.
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Para la semana entrante el grupo de vecinxs, familiares y amigxs convocará a nuevas acciones para exigir Justicia por Peny. Llaman a organizaciones, medios y referentes y toda la comunidad a solidarizarse y colaborar con la difusión.
