Con el objetivo de modernizar el sistema financiero, el Banco Central del Uruguay (BCU) presentó el anteproyecto de ley para la creación de un Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), en el marco de la hoja de ruta del sistema de pagos 2026-2030.
La iniciativa, que fue aprobada por el directorio del BCU y remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), impulsa como principio clave que los usuarios sean propietarios de los datos que generan a través de sus transacciones financieras.
Así, el SFA permitirá a personas y empresas compartir su información de manera segura con instituciones registradas, siempre bajo su consentimiento previo, expreso e informado con el objetivo de acceder a servicios en condiciones más favorables.
Competitividad y mayores alternativas
En el marco de las medidas tendientes a mejorar la competitividad, el esquema apunta a alcanzar una infraestructura regulada, interoperable e interconectada, que facilita el acceso y uso de datos financieros y de pagos, preservando el control de los usuarios sobre dicha información y habilitando la prestación de productos y servicios basados en su utilización responsable.
A su vez, el SFA pretende favorecer el desarrollo de nuevas alternativas de servicios de pagos y otros servicios financieros, en línea con la agenda de modernización del sistema financiero, que busca fortalecer la interoperabilidad, la seguridad, la competencia y la innovación.
El sistema permitirá así ampliar las posibilidades de provisión de productos y servicios, promoviendo soluciones más adaptadas a las necesidades de las personas y empresas.
Competencia e innovación
“Se espera que la iniciativa contribuya al desarrollo de un ecosistema más innovador y competitivo, impulsando la generación de servicios financieros más eficientes y accesibles”, apuntaron desde el BCU.
Es que el nuevo sistema provocará una mayor competencia entre los proveedores de servicios financieros y de pagos, ya que, al poder los usuarios compartir sus datos de manera segura con distintos participantes del sistema, se amplían las alternativas disponibles y se facilita el ingreso de nuevos actores al mercado, impulsando el desarrollo de soluciones innovadoras y mejores condiciones.
El mecanismo habilitará no solo servicios basados en el acceso y uso de la información, sino también la iniciación de operaciones, incluidos pagos, por parte de terceros registrados, conforme a la autorización otorgada por los usuarios, lo que permitirá el desarrollo de nuevas funcionalidades y experiencias de uso en materia de pagos, gestión financiera y otros servicios digitales.
Estos avances contribuirán a la aparición de servicios más eficientes, integrados y adaptados a las necesidades de las personas, comercios y empresas, fortaleciendo el dinamismo del ecosistema financiero y de pagos.
Impulso al financiamiento y marco regulatorio
Uno de los principales beneficios del sistema será la posibilidad de mejorar el acceso al financiamiento para personas y empresas, ya que el uso seguro y consentido de información financiera y transaccional ayudará a complementar los mecanismos tradicionales de evaluación de riesgo, facilitando el acceso al crédito formal, especialmente para quienes cuentan con escaso historial crediticio.
De esta manera, el sistema contribuirá a reducir barreras de acceso al financiamiento, ampliar las oportunidades de inclusión financiera y fomentar una mayor formalización de la actividad económica, en momentos donde la morosidad se encuentra en aumento.
Finalmente, la propuesta fija un marco regulatorio que busca garantizar elevados estándares de seguridad y protección de la información, con canales regulados, interoperables y seguros para el acceso y uso de la información financiera, conforme al consentimiento otorgado por los usuarios.
La infraestructura prevista en el anteproyecto les otorga el control a los usuarios y les permite compartir sus datos con un tercero registrado por el BCU, con el objetivo concreto de recibir un servicio en condiciones potencialmente más favorables que las actuales.
