El escándalo de Manuel Adorni sigue creciendo y sumando capítulos. Ahora, la diputada Marcela Pagano denunció que la ARCA hizo una sugestiva intimación contra el contratista que reveló que el jefe de Gabinete se gastó 245 mil dólares en refacciones de su casa del country Indio Cuá.
Pagano hizo una presentación ante el juzgado de Ariel Lijo, donde tramita la investigación contra Adorni por enriquecimiento ilícito, donde advierte que testigos de la causa «estarían siendo objeto de requerimientos por parte de ARCA referidos a su situación tributaria», por lo que exige «medidas de resguardo y de protección».
En la presentación a la que accedió LPO, la diputada hace referencia al caso del contratista Matías Tabar al que esta semana le llegó una intimación de ARCA -controlada políticamente por Santiago Caputo- para que justifique sus ingresos y bienes.
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Tabar hundió a Adorni en esta causa al declarar que el jefe de Gabinete hizo refacciones por 245 mil dólares y le pagó en efectivo. Además, el contratista reveló que el funcionario lo contactó antes de su declaración y quiso ponerlo en contacto con sus abogados. Por esa razón, Pagano ya había denunciado a Adorni por intentar entorpecer el accionar de la justicia.
Según el periodista Sergio Farella, ARCA intimó a Tabar para que presente la justificación de sus ingresos de 2024 y 2025, la facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y las compras a proveedores en 2024 y 2025. También le exigió que justifique la compra de una camioneta y un auto, y el origen de fondos con los que compró dólares en 2024 y 2025.
La sugestiva intimación de ARCA parece un intento de apriete para el testigo y para otros que tengan que declarar en la causa contra Adorni, una maniobra típica del organismo recaudador en tiempos del kirchnerismo.
Pagano sostuvo en el escrito que «la aparición de actividad de fiscalización tributaria sobre quienes han colaborado con la justicia, en estrecha proximidad temporal con sus declaraciones, es susceptible de generar un efecto inhibitorio sobre la prueba testimonial: amedrenta a quienes ya declararon y disuade a quienes podrían hacerlo, comprometiendo la libre y veraz declaración que la ley procura asegurar».
«La sola posibilidad de ese efecto justifica la intervención preventiva del Tribunal, con independencia de que, en definitiva, se acredite o no una finalidad espuria en los requerimientos», agrega Pagano, que pidió que se libre un oficio a la ARCA para que explique por qué realizó las intimaciones y si responden a un plan de fiscalización general o a una selección puntual del contribuyente.
