Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros cinco condenados en la causa Vialidad, deben devolver 685.000 millones de pesos como consecuencia de la sentencia acusatoria que confirmó, hace un año, la Corte Suprema de Justicia. De forma solidaria y con sus respectivos patrimonios, deben afrontar la cifra que refleja el fraude cometido contra el Estado, sin embargo, con una importante cantidad de quejas y recursos, buscan ganar tiempo y retrasar la decisión del máximo tribunal.
De cumplimiento efectivo hace un año, la sentencia acusatoria del caso Vialidad tuvo como primer impacto, la detención de Cristina Kirchner (quien- cumple la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario), de José López, Lázaro Báez y Nélson Periotti también con la morigeración de su detención. Se notificó de igual manera, que todos los implicados no podrán ejercer, de por vida, cargos públicos.
Sólo resta que se dé inicio a la ejecución patrimonial que permitirá, el recupero del dinero producido con la maniobra delictiva. Desde 2003 a 2015 -dijo la justicia federal-, funcionó desde el Estado una organización criminal que adjudicó de forma irregular y con sobreprecios promedio del 65%, 51 licitaciones viales a Lázaro Báez. El 50% de esas rutas quedaron abandonadas.
El fraude cometido fue fijado, durante el juicio, en 85.000 millones de pesos. Cuando la Corte confirmó la condena por corrupción, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) responsable de ejecutar la pena, pidió al cuerpo de peritos contables del máximo tribunal, que esa cifra sea actualizada. Así, se determinó que a valores actuales, los condenados deben restituir al Estado un total de 685.000 millones de pesos.
Con el valor determinado, el Ministerio Público Fiscal realizó una identificación de 111 bienes muebles e inmuebles que constituyen la primera tanda de decomiso.
Ese pedido tuvo su correlato en un fallo que firmó el TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en noviembre de 2025. Ante la orden de ejecución patrimonial, hubo una apelación y en febrero de este año, la Cámara de Casación confirmó que se debe proseguir con el decomiso.
Un nuevo planteo al respecto, retrasó por unos meses la puesta en marcha del procesos de decomiso. Pero el máximo tribunal penal, ratificó su criterio Y sostuvo que no existían argumentos jurídicos para habilitar la vía extraordinaria, esto es: que se pueda apelar ante la Corte Suprema la orden de dejar efectiva la ejecución patrimonial.
Con ese derrotero judicial, los condenados llegaron en queja ante el máximo tribunal. No sólo Cristina Kirchner, sino los demás acusados que se niegan a desprenderse de su patrimonio, también buscan que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revierta el criterio fijado por el TOF 2 y la Casación.
Por estas horas, ante la Corte Suprema hay una gran cantidad de quejas presentadas por los condenados, entre ellas la ex Presidenta. Pero se acumulan a otros planteos, como el de la Unidad de información Financiera (UIF) que considera que los bienes susceptibles de decomisos en causas por lavado de activos, deben ser administrados por el organismo especializado en dicha materia.
De fuentes judiciales Clarín pudo saber que los recursos de queja ya ingresados a través de la Secretaría Penal, están bajo estudio. Cada planteo se aborda de manera individual y eso, en definitiva, demanda tiempo.
Junto a esos escritos, hay otros reclamos sobre la actualización de la cifra a decomisar. Los condenados en el caso Vialidad, encontraron el camino recursivo para retrasar la ejecución patrimonial.
“Van a exprimir todas las leyes y vericuetos legales para demorar la decisión final”, señaló una fuente judicial.
Como cabeza del Poder Judicial, la Corte será la responsable de administrar y establecer el fin de los bienes decomisados. Más específicamente, el oficio del TOF 2 fue dirigido a la Dirección de Gestión Interna en Infraestructura a cargo de Sergio Romero.
Es potestad de la Corte determinar el destino de los bienes recuperados en expedientes de corrupción, lavado de activos, narcotráfico. Puede elegir incorporar algunos al patrimonio del Poder Judicial, como también resolver si es conveniente la cesión a alguna organización o estamento público que lo haya requerido. Aquellas propiedades que no cumplan con dichas finalidades, serán sometidas a una subasta pública.
El TOF 2 informó que se procedió a inscribir la información completa de dichos bienes en la «Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal», como indica el protocolo firmado por el máximo tribunal.
Los jueces aje ejecutan la pena del caso Vialidad, entendió que era tiempo de avanzar sobre la ejecución patrimonial, bajo la premisa de que “en los delitos de corrupción el decomiso cumple una función reparatoria del daño social causado, por lo que resulta importante otorgarle un sentido de restauración de la justicia y restablecimiento de equilibrio perdido, destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos”.
En ese sentido, se recomendó a ma Corte que se priorice a la provincia de Santa Cruz a la hora de destinar un bien social a las propiedades.
“Conviene recordar que, si bien la maniobra fraudulenta acreditada afectó directamente los intereses pecuniarios de la administración pública nacional, también produjo un detrimento extraordinario en la red vial de la provincia de Santa Cruz, circunstancia expresamente desarrollada en la sentencia condenatoria”, indica el fallo a través del cual se oficializó el decomiso inicial.
La normativa sostiene que “son recursos específicos, propios del Poder Judicial de la Nación, afectados al presupuesto de gastos e inversiones, entre otros, los efectos secuestrados en causas penales, los objetos decomisados y todo otro ingreso que no teniendo un destino determinado se origine en causas judiciales”
