Un operativo conjunto de todos los organismos de control con competencia sobre la planta procesadora Wade/Cresta Roja se desarrolla esta mañana en Esteban Echeverría, en lo que Alejandro Cruz, presidente de la filial local del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), calificó como un hecho sin precedentes en la historia del conflicto. ACUMAR, el Municipio de Esteban Echeverría, la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua (ADA) ingresaron de manera simultánea a fiscalizar las instalaciones, en momentos en que la planta generaba emanaciones contaminantes.
“Están ingresando todos los organismos de control ahora a fiscalizar la contaminación de Cresta Roja, que está contaminando en este preciso instante, tal cual lo denunciamos. Lo están haciendo en este instante“, relató Cruz, quien documentó el operativo con videos y fotografías. “ACUMAR, la Municipalidad, Provincia de Buenos Aires… están entrando a fiscalizar a esta planta que sigue contaminando a todos los vecinos de este barrio“, agregó.
Según el referente vecinal, “lo que debería ocurrir ahora es el cierre inmediato del sector del renderizado. De la cocción de las tripas plumas y químicos, que es altamente contaminante”.
El operativo se produce pocos días después de la reunión institucional del martes pasado, en la que por primera vez se sentaron en una misma mesa los organismos con responsabilidad directa sobre el caso: Eva Berezan, directora de Control y Fiscalización de la Provincia de Buenos Aires; Federico Gatti Lavisse, director General Ambiental de ACUMAR; Yésica Lorenzo, directora de Control y Calidad de Preservación de Recursos Hídricos de la ADA; y los subsecretarios municipales Alejandro Bonomo y Claudio Molero, junto a Cruz en representación del CEPIS y los vecinos. En ese encuentro se había acordado una hoja de ruta conjunta que incluía la revisión de denuncias, multas y fiscalizaciones previas, además de la citación a los directivos de la empresa ante la Dirección de Fiscalización provincial.
Para Cruz, el operativo de hoy es la materialización de ese acuerdo y, sobre todo, el resultado de años de reclamos vecinales. “Hemos conseguido esto con lucha, con denuncias, con pedido de informes“, afirmó el referente del CEPIS, quien desde febrero de este año encabeza las presentaciones ante ACUMAR y el Municipio por la contaminación que, según las propias estimaciones del colectivo, afecta a más de 250.000 personas en un radio de 8 kilómetros de la planta.
La fiscalización en curso se da en el marco de un conflicto que escaló en las últimas semanas, luego de un domingo en que las emanaciones del sector de renderizado —cocción de tripas, plumas y sangre para elaborar harina de alimento balanceado— cubrieron localidades como Guillón, Monte Grande, El Jagüel y 9 de Abril, obligando a los vecinos a permanecer encerrados en sus casas.
El antecedente: la reunión que destrabó la articulación institucional
Ese encuentro del martes pasado había sido convocado de manera conjunta por el Municipio de Esteban Echeverría y los vecinos, en el marco de un cronograma de acción que la propia gestión municipal coordinó luego de aplicar multas a la empresa. Según relató Cruz en esa oportunidad, la reunión llegó apenas horas después de un domingo particularmente grave: “Luego de un domingo conmocionante en el que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas por el terrible olor, se logró que por primera vez se sienten en la misma reunión todos los organismos de control y fiscalización que tienen responsabilidad máxima y directa para la solución de este grave problema“, había afirmado.
En ese encuentro, las partes acordaron coordinar acciones en conjunto, con una hoja de ruta que incluía el análisis de las denuncias existentes, las multas ya aplicadas y sus fundamentos, y las evaluaciones surgidas de fiscalizaciones anteriores. Como parte de ese esquema, los directivos de Wade/Cresta Roja ya habían sido citados ante la Dirección de Fiscalización provincial para responder por la contaminación del aire generada por la planta. Cruz había valorado en ese momento el rol del Municipio en la articulación de ese espacio: “Estamos satisfechos porque se le empieza a poner límites fuertes a una empresa que sin cuidar sus procesos productivos, ni tener ninguna responsabilidad social gana dinero a costa de la salud y la calidad de vida de centenares de miles de personas“, había concluido.
