Detrás de la pantalla negra que dejó la crisis salarial en Blender hay un nombre que no suele aparecer en cámara: Enrique Saraví O’Keefe. Antes de ser pieza clave en el negocio del streaming político, fue funcionario judicial durante el vidalismo bonaerense. La pregunta que sobrevuela el escándalo no es solo quién despidió a quién, sino quién está realmente del otro lado de la pantalla.
La crisis laboral que estalló esta semana en Blender dejó una imagen difícil de borrar: la conductora Fiorella Sargenti interrumpiendo en vivo su programa «Último Aviso» para denunciar que la empresa había despedido a un grupo de trabajadores que reclamaba la actualización trimestral de sus salarios. La pantalla se fue a negro, el reclamo se viralizó y la solidaridad de otras figuras del streaming puso al canal en el centro de una tormenta que excedió lo laboral. Pero el conflicto también volvió a poner el foco sobre un nombre que rara vez aparece frente a una cámara: Enrique Saraví O’Keefe, conocido como «Mequi» en su círculo cercano.
Saraví no llegó al streaming desde el periodismo ni desde la producción de contenidos. Su trayectoria es otra: abogado platense, hijo del escribano Enrique Tercero Saraví —suspendido en su matrícula en 2003 tras denuncias por estafas reiteradas— y, según el decreto 1375 de 2016, funcionario del Ministerio de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal. Desde ese lugar construyó un vínculo estrecho con el entonces ministro Gustavo Ferrari, una de las figuras que ordenó buena parte de la política judicial provincial en esos años. ¿Alcanza ese recorrido para explicar su llegada a la conducción de un canal de streaming? La pregunta empieza a tener sentido cuando se mira el mapa completo.
«Mequi» tuvo también un paso activo por el Colegio de Abogados de La Plata, donde ocupó un cargo como secretario. No es un dato menor: en la capital bonaerense, el Colegio funciona como una caja de resonancia de la política judicial, un espacio donde se cruzan candidaturas al Consejo de la Magistratura, internas profesionales y vínculos que después se trasladan a los tribunales. Quien circula con comodidad por ese ecosistema acumula algo más valioso que prestigio académico: contactos.
Ese capital de relaciones parece haber sido la llave de su salto al streaming. Saraví es hoy presidente de Carajo SA, el canal identificado con la batalla cultural libertaria y cercano al gobierno de Javier Milei, y aparece vinculado al empresario Augusto Marini, dueño tanto de Carajo como de Blender a través del holding Cale Group. La paradoja de fondo es evidente: dos señales que se presentan como ideológicamente enfrentadas —una asociada al progresismo digital, la otra a la «batalla cultural» libertaria— terminan unidas bajo una misma estructura empresarial y, según pudo reconstruirse, con nombres que se repiten en ambos directorios.
De operador judicial al éxito del streaming
¿Qué hace un operador judicial formado en los códigos de la política bonaerense gerenciando un negocio de streaming? La respuesta, otra vez, parece estar menos en lo ideológico que en lo estructural. El streaming político argentino dejó de ser solo un fenómeno de contenidos hace tiempo: hoy mueve pauta oficial, contratos publicitarios millonarios y audiencias que se cuentan en millones de visualizaciones mensuales. Blender, de hecho, recibió en 2025 una pauta de 108 millones de pesos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, un dato que ya había generado preguntas sobre los criterios detrás de esa asignación. Administrar ese negocio requiere algo más que vocación comunicacional: requiere saber moverse entre el Estado, la Justicia y la política. Exactamente el terreno que Saraví conoce de memoria.
El conflicto en Blender expuso, además, una tensión que excede al canal: la de un ecosistema de streaming que se presenta como horizontal, cercano y comunitario, pero que puertas adentro reproduce lógicas empresariales bastante más tradicionales. Despidos masivos —que según las versiones oscilaron entre 20 y 40 trabajadores— tras un reclamo salarial colectivo no es una novedad en ningún sector productivo. Lo que sí resulta llamativo es que ocurra en un espacio que construyó buena parte de su identidad pública sobre la idea de ruptura con los medios tradicionales.
Si bien desde este medio, no se pudo confirmar de forma independiente el rol puntual de Saraví en la decisión de los despidos en Blender; las fuentes consultadas lo señalan como parte de la conducción empresarial del entramado Marini-Carajo-Blender, pero no hay constancia pública de su participación directa en esa medida específica.
Lo que sí está documentado es el patrón: Saraví pasó de operar designaciones judiciales durante el vidalismo a presidir una empresa de medios que hoy disputa pauta oficial y audiencia política. Cambiaron el escenario y el lenguaje, pero la lógica de fondo —relaciones, contactos, acceso al poder— parece la misma. Por eso, detrás de la pregunta evidente —quién despidió a los trabajadores de Blender— aparece otra más incómoda: ¿cuántos de los operadores que armaron la política judicial bonaerense de la última década terminaron, sin hacer demasiado ruido, gerenciando los medios que hoy moldean el debate político argentino?
