El intendente avanza con una batería de licitaciones para tercerizar poda, zanjeo, basura y mantenimiento de espacios verdes, tareas que hoy realizan diez cooperativas. Movimientos sociales del propio espacio oficialista salieron a marcar la cancha: temen que el operativo «transparencia» termine expulsando a los trabajadores que sostienen esos servicios hace años.
La Municipalidad de La Plata puso en marcha un cambio de fondo en la forma en que contrata los servicios que hoy prestan las cooperativas de trabajo: poda, corte de pasto, recolección de basura, zanjeo, mantenimiento de veredas y el programa Ciudad Limpia pasarán a licitarse, según confirmó el propio intendente Julio Alak a través de un convenio firmado con la Facultad de Ingeniería de la UNLP. El argumento oficial es la transparencia: el municipio sostiene que responde a observaciones del Tribunal de Cuentas bonaerense sobre el esquema de contratación directa que rige desde hace más de una década. Lo que no explicitó la gestión es qué pasa con los trabajadores y trabajadoras que integran esas diez cooperativas si no logran adjudicarse los nuevos pliegos.
La respuesta llegó rápido y, llamativamente, no vino de la oposición. Un comunicado firmado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Justicia y Libertad, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Agrupación María Claudia Falcone y el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional advirtió sobre el riesgo de despidos masivos. Según el texto, durante las últimas semanas mantuvieron diálogo con funcionarios municipales que se habrían comprometido a no producir bajas entre las familias cooperativistas. La duda que instalan ahora es si ese compromiso verbal se va a traducir en los pliegos. ¿Alguien puede garantizar que la totalidad de los trabajadores actuales conserve su lugar cuando se adjudiquen las nuevas licitaciones?
Ahí aparece la primera tensión, y es interna. El esquema de cooperativas y delegaciones está hoy bajo la órbita del secretario general Norberto «Chucho» Gómez, uno de los hombres de mayor confianza de Alak desde hace décadas. Pero el universo cooperativista platense no es uniforme: conviven sectores ligados al Movimiento Evita, a la economía popular y también una porción que responde al espacio Frente Germán Abdala.
La segunda dimensión tiene que ver con los negocios. Si una parte de las tareas que hoy hacen las cooperativas terminan en manos de empresas privadas, la pregunta que se instala es quiénes serán los nuevos socios comerciales del intendente. La gestión Alak ya tiene antecedentes de contrataciones a privados que generaron ruido: el acuerdo con la cooperativa El Custodio por 1.800 millones de pesos para seguridad en dependencias municipales, suscripto a fines de 2024 pese a denuncias previas de trabajo no registrado en otros distritos, es uno de los casos que la oposición señaló como ejemplo de la distancia entre el discurso de transparencia y la práctica. Si el nuevo esquema de licitaciones para zanjeo y poda repite esa lógica, la pregunta sobre quién gana esos contratos dejará de ser un detalle técnico.
Y después está la dimensión más sensible, la que no figura en los comunicados oficiales: la de las familias que dependen de ese trabajo. El argumento de «ordenar» las contrataciones, en el contexto de ajuste nacional y de una economía que ya viene golpeando a los sectores populares, puede sonar razonable en un PowerPoint. En la vida cotidiana de quien hace zanjeo o separa residuos en una planta de reciclado hace años, significa la posibilidad de perder el ingreso de un día para el otro. Las organizaciones que advirtieron sobre el riesgo no pertenecen a la oposición política de Alak; son parte del mismo arco que históricamente acompañó a los gobiernos peronistas en la ciudad. Eso obliga a leer la protesta no como un ataque externo, sino como una fisura propia.
El municipio insiste en que el objetivo es construir, con apoyo técnico de la universidad pública, criterios objetivos y unidades de medida para evaluar los servicios. Nadie discute que el sistema actual, con contrataciones directas que arrastran observaciones desde hace más de diez años, necesitaba revisión. La duda no es si había que ordenar el esquema. La duda es si ese ordenamiento se va a hacer sin dejar en la calle a la gente que durante años sostuvo, muchas veces con recursos precarios, servicios básicos en los barrios donde el Estado llega menos. Alak tiene los próximos meses para responder esa pregunta con hechos, no con comunicados.
