El sistema de recuperación de residuos platense pasó de reciclar casi el 10% de la basura a menos del 5% en tres años. Con el contrato de las cooperativas vencido y sin señales de renovación, la Universidad decidió meterse en el conflicto. La pregunta es si el Municipio está dispuesto a escucharla o si ya tomó una decisión que no piensa revisar.
El martes venció el contrato que la gestión de Julio Alak mantenía con las cooperativas de recuperadores urbanos y no hay, por ahora, ninguna señal de que vaya a renovarse. En medio de ese vacío, la Universidad Nacional de La Plata decidió pisar el tablero: a través de su Consejo Social, y con investigadores del Conicet detrás, le presentó esta semana un informe a la Municipalidad que pone en números lo que las cooperativas vienen denunciando hace rato y que ofrece algo que hasta ahora nadie había puesto sobre la mesa, una mesa de trabajo conjunta entre el Municipio y las organizaciones de recuperadores.
Los datos que aporta el documento son contundentes. En 2022, La Plata reciclaba 26.630 toneladas de residuos al año, el 9% de todo lo que se generaba en la ciudad. Hoy esa cifra cayó a 14.454 toneladas anuales, con una tasa de recuperación del 4,89%. En tres años, el sistema se derrumbó a menos de la mitad. Todo lo que antes se separaba y ahora no, termina enterrado en el Ceamse, con el costo ambiental y económico que eso implica para las arcas municipales.
La UNLP no se limitó a diagnosticar. Ofreció diseñar, junto a ambas partes, indicadores ambientales, operativos y económicos para evaluar y fortalecer el sistema existente, y mencionó un proyecto propio, desarrollado a través del CIDEPS, para darle nuevos usos a plásticos de bajo valor comercial como bolsas y films. Pero fue clara en un punto, ese desarrollo sólo tiene futuro si el sistema cooperativo se sostiene. «Esta apuesta de la Universidad requiere no sólo del sostenimiento del sistema de recuperación del Municipio, con eje en las cooperativas, sino en su fortalecimiento», concluye el documento.
El contexto en el que aparece este informe es tenso. La semana pasada, una protesta de cooperativistas frente al Palacio Municipal terminó con incidentes, detenciones y daños que el Municipio estimó en más de 43 millones de pesos. Este miércoles, las organizaciones volvieron a la calle con una «volanteada y semaforazo» bajo el lema «en defensa del reciclaje», con actividades en 44 y 143 durante la mañana y en 44 y 8 y 54 y 12 por la tarde. El objetivo, según explicaron desde la Cooperativa de Reciclado, fue dialogar con los vecinos y visibilizar la situación de unas 200 familias que quedaron sin changa después del fin del vínculo contractual con la Comuna.
La versión oficial es otra. El Municipio sostiene que la salida de las cooperativas no es una decisión política sino una obligación legal, y que avanza hacia licitaciones públicas en cumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de disposiciones del Tribunal de Cuentas bonaerense. El problema es que el pliego licitatorio lanzado para limpieza de zanjas, corte de césped y barrido no incluye el reciclado de residuos. Es decir que, aunque quisieran, las cooperativas no tienen forma de participar de ese proceso porque el servicio que prestan directamente no está contemplado. ¿Es un vacío involuntario en el pliego o una manera indirecta de cerrar la puerta sin decirlo?
Los cooperativistas agregan otro elemento al reclamo, que la Municipalidad les habría ofrecido Tarjetas Alimentar como paliativo, algo que consideran insuficiente y que profundizó el malestar. Reclaman la reapertura de una mesa de diálogo, la misma que ahora la UNLP se ofrece a mediar. Que la propuesta de mediación llegue de una institución con peso científico y no de un actor gremial le cambia el tono a la discusión, un informe universitario es más difícil de descartar que un petitorio sindical.
Lo que queda planteado, entonces, no es solo un conflicto administrativo entre un contrato vencido y un Municipio que dice que no tiene margen legal para renovarlo. Es una definición de política ambiental que la propia UNLP describe como un retroceso a la mitad en apenas tres años, y es también la continuidad laboral de 200 familias para quienes el reciclado no es una changa sino el trabajo del que viven. La pelota está del lado de la gestión de Alak, que ahora tiene sobre su escritorio un argumento técnico difícil de ignorar y una decisión política que, hasta acá, no dio señales de estar dispuesta a modificar.
