El acceso a la ciudadanía argentina atraviesa uno de los debates constitucionales más relevantes de los últimos años. Dos recientes decisiones judiciales pusieron en crisis el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó el régimen de acceso a la nacionalidad y trasladó el trámite desde los juzgados federales a la Dirección Nacional de Migraciones.
Los fallos que cuestionan el DNU
El primer antecedente fue el fallo de la Sala III de la Cámara Federal en el caso “Volosh” , que declaró la inconstitucionalidad del decreto al considerar que no existían circunstancias excepcionales que habiliten un DNU.
Días más tarde, la Cámara Nacional Electoral, en la causa “Yang” , profundizó ese criterio al declarar la nulidad de la norma por entender que reguló una materia vedada expresamente por la Constitución. El argumento central es que la ciudadanía incide sobre los derechos políticos y el ámbito electoral, materias que no pueden ser modificadas por decreto.
Las garantías que se pierden
Los tribunales señalaron que el nuevo procedimiento administrativo elimina garantías propias del proceso judicial. Entre ellas se destacan:
- La intervención del Ministerio Público Fiscal
- El control de un juez independiente
- La afectación del debido proceso
- La vulneración de la división de poderes
El escenario actual: un decreto debilitado
Actualmente, el decreto se encuentra sumamente debilitado. Esta situación se agrava por las serias deficiencias operativas y las notorias demoras en el procesamiento de las solicitudes ante Migraciones.
En este contexto, iniciar el trámite por la vía administrativa puede implicar una situación de gran desprotección para el solicitante. Esto se vuelve especialmente crítico en aquellos casos donde las personas registran viajes al exterior.
¿Qué estrategia conviene seguir?
La estrategia procesal debe evaluarse individualmente en cada caso. No obstante, los recientes pronunciamientos fortalecen los argumentos para impulsar solicitudes de ciudadanía por la vía judicial.
Esta opción permite:
- Promover el control de constitucionalidad del DNU 366/2025 en el caso concreto
- Procurar que el trámite se desarrolle bajo las garantías propias del proceso judicial
- Evitar la incertidumbre mientras continúa definiéndose el alcance definitivo de esta reforma
Poder Judicial de la Nación – Fallos
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