El Gobierno de México, bajo la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció este jueves una ofensiva jurídica sin precedentes para exigir justicia por el asesinato de ciudadanos mexicanos a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Ante el saldo de 17 connacionales fallecidos en centros de detención o durante operativos, el canciller Roberto Velasco confirmó que el Estado mexicano abandonará la vía puramente diplomática para adoptar una postura judicial contundente que busca responsabilizar penal y civilmente a los autores de estos crímenes.
La estrategia legal del Ejecutivo se fundamenta en la exigencia de rendición de cuentas por los 14 decesos ocurridos bajo custodia y los tres fallecimientos registrados en operativos migratorios. El Gobierno mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República, presentará denuncias formales ante las fiscalías estatales en territorio estadounidense y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra los responsables materiales e intelectuales de estas agresiones.
Acciones contra empresas privadas y organismos internacionales
Uno de los pilares más firmes de esta nueva estrategia es la persecución de la responsabilidad civil de las corporaciones privadas que operan los centros de detención. El Gobierno de México prepara demandas contra estas empresas para que respondan por la muerte de los migrantes y exigirá, mediante requerimientos formales, el cese inmediato de las prácticas violatorias de los derechos humanos que caracterizan a dichas instalaciones.
Adicionalmente, México intensificará su presión en la arena internacional. En alianza con organizaciones de la sociedad civil, el Estado mexicano solicitará una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que examine la sistematicidad de los abusos.
Esta ruta jurídica se complementará con un diálogo de alto nivel, que ahora será condicionado, ante el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, dejando claro que el maltrato a los ciudadanos mexicanos constituye un punto innegociable de la agenda bilateral.
Un punto de inflexión en la política bilateral
El endurecimiento de la postura mexicana marca el fin de la etapa de acompañamiento humanitario y notas de protesta, que resultaron insuficientes ante la hostilidad de la política migratoria actual.
Tras el reciente asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue abatido por agentes del ICE, la presidenta Sheinbaum ha determinado que México no tolerará más el uso de la violencia contra sus ciudadanos en el extranjero.
Esta estrategia busca poner freno a la impunidad que rodea las 58 muertes registradas bajo la jurisdicción del ICE durante el presente mandato. Con esta determinación, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía y la integridad de los connacionales, estableciendo un precedente de exigencia internacional ante el belicismo institucional que ha cobrado la vida de tantos mexicanos.
