Ayer, la intendenta Mariel Fernández publicó en sus redes sociales una actividad oficial en la que anunció:
«Compartimos con enorme alegría, junto a la Escuela Creciendo Juntos, la inauguración de su nuevo SUM y la reinauguración de la biblioteca, dos espacios muy esperados por todas y todos. Estas obras pudieron concretarse con el acompañamiento del Municipio a través del Fondo Educativo. Creemos que cada escuela merece contar con espacios dignos y cuidados, donde las niñas y los niños puedan aprender, compartir y crecer».
De esa publicación surgen dos aspectos centrales. El primero es el contraste con la realidad que atraviesan numerosas escuelas públicas de Moreno, que en pleno mes de julio todavía esperan la realización de la prueba de hermeticidad para poder habilitar la calefacción. Se trata de una condición básica para garantizar el dictado de clases, uno de los doce puntos históricos que dieron origen al Morenazo, movilización de la que la propia Mariel Fernández fue protagonista y en la que el acceso al gas ocupaba un lugar prioritario.
El segundo aspecto es menos visible, aunque no menos relevante. La Escuela Creciendo Juntos es una institución de gestión privada vinculada familiarmente a la intendenta y a la secretaria de Obras Públicas del Municipio, María Giménez. Esa relación vuelve inevitable el interrogante sobre los criterios utilizados para asignar recursos del Fondo Educativo, especialmente cuando numerosas escuelas estatales continúan esperando respuestas frente a graves problemas de infraestructura.
No es la primera vez que el Municipio asiste a Creciendo Juntos. Siendo concejal Juan Fernández denunció desde la banca el financiamiento a esa insititución con recursos del Fondo Educativo. La decisión política – familiar – uso de recursos públicos hace al modelo.
El exconcejal de Moreno cuestionó nuevamente la utilización del Fondo Educativo por parte del gobierno de Mariel Fernández y sostuvo que la decisión de financiar obras en la escuela de gestión privada Creciendo Juntos, vinculada a María Giménez —cuñada de la intendenta y secretaria de Obras Públicas—, constituye un privilegio injustificado mientras decenas de establecimientos públicos continúan esperando respuestas a problemas básicos de infraestructura.
Fernández afirmó que la prioridad otorgada a esa institución privada resulta incomprensible frente a la situación de numerosas escuelas estatales. Como ejemplo, mencionó los problemas que atraviesan la Escuela N° 81 y la Escuela Secundaria N° 4, donde, según indicó, las pruebas de hermeticidad para habilitar la calefacción llegaron cuando el invierno ya estaba instalado.
El exconcejal aclaró que sus cuestionamientos no apuntan contra la institución beneficiada, sino contra los criterios utilizados por el Municipio para distribuir recursos públicos.
«La escuela podrá tener el perfil social que quiera, pero es una institución privada. La pregunta es por qué recibe este beneficio y otras escuelas no», resumió.
Para Fernández, la decisión responde a un vínculo familiar con la conducción del Ejecutivo municipal y coloca intereses particulares por encima del interés general.
«Hay una impunidad en el mensaje. Es como decir: ‘Miren cómo privilegio a una escuela de mi familia’. Está claro que existe una utilización de recursos que beneficia a personas del entorno de la intendenta y, además, lo exhiben públicamente. Eso habla de una impunidad absoluta en el discurso político de Mariel Fernández», denuncia el dirigente radical.
«Mientras cientos de alumnos estudian en escuelas públicas con graves deficiencias, se prioriza una institución privada ligada al círculo íntimo del poder. Esa decisión merece una explicación pública», concluyó.
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