El anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental, presentado ayer por el president de la Generalitat, Salvador Illa, puede calificarse como una de las reformas administrativas clave, si se aplica como debiera, para Catalunya. Para nadie es un secreto que las administraciones públicas, en su afán reglamentario, se han convertido en una pesada losa que frena el dinamismo económico de la sociedad. Eso es especialmente relevante en el sector de la construcción. Ha sido precisamente la necesidad de acelerar la construcción de viviendas el motor de dicha reforma. También en el sector industrial.
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