El sábado 11 de julio, Camila acompañaba en la moto a Ramiro, mientras trabajaba haciendo repartos para una aplicación de delivery. Al pasar por una loma de burro, perdieron el control del vehículo, Camila, de 20 años, cayó de la moto y, aunque llevaba casco, falleció. Ramiro, el joven conductor de 24 años, sufrió golpes pero nada de gravedad. Ahora están realizándole peritajes en el marco de una causa judicial, como suele hacer la justicia en estos casos.
Pero poco se habla de la realidad del trabajo precarizado en las apps de reparto. En los últimos años, el trabajo a través de aplicaciones dejó de ser una actividad ocasional para convertirse en la principal fuente de ingresos para miles de personas, especialmente jóvenes.
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Este fenómeno explotó en todo el país al calor de la recesión, la inflación descontrolada y la destrucción de empleo registrado. Bahía Blanca no es la excepción: el crecimiento de las apps pone en evidencia no solo el aumento del desempleo sino también la total ausencia de regulación y protección para quienes se ven obligados a subirse a una moto o bicicleta para sobrevivir.
Las plataformas como PedidosYa, Rappi y Uber maximizan sus ganancias transfiriendo todos los costos y riesgos al trabajador. Son los repartidores quienes ponen el vehículo, pagan el combustible, asumen el riesgo de accidentes, robos o multas, y no cuentan con ningún derecho laboral básico: ni obra social, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni aportes jubilatorios.
Además, la plataforma puede desactivar unilateralmente la cuenta del trabajador, dejándolo sin ingresos de un día para el otro, sin indemnización ni explicaciones claras. Todo esto bajo la fachada de “socios independientes”, pero en la práctica sometidos a un control algorítmico estricto y jornadas extenuantes que pueden superar las 12 horas diarias para apenas acercarse a un salario mínimo. Esto obliga a apurarse más y más para lograr un magro ingreso. Los jóvenes encuentran allí una rápida salida laboral, cercados por las faltas de oportunidades de trabajo registrado y con derechos.
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En Bahía Blanca, la falta de estadísticas oficiales sobre el desempleo juvenil agrava aún más la invisibilización de esta problemática. El INDEC sólo informa la tasa general de desempleo para el aglomerado Bahía Blanca-Cerri, que fue del 6,4 % en el cuarto trimestre de 2025.
El Observatorio de les Trabajadores de La Izquierda Diario advierte que el 83 % de los jóvenes y el 81 % de los adultos mayores sufren la precariedad laboral, obligados a buscar changas, pluriemplearse o caer en la trampa de las apps para poder subsistir.
A este «mercado laboral» que empuja a la precarización total de las apps, se suman los obstáculos económicos y sociales para la acceder a los distintos niveles de la educación formal, con un fuerte desfinanciamiento y ataque a las condiciones de enseñanza y aprendizaje por el Estado Nacional y Provincial. Esto profundiza la falta de otro horizonte de posibilidades para jóvenes que ven cómo la crisis golpea fuertemente sus hogares.
La muerte de Camila no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo laboral que prioriza la ganancia empresaria por sobre la vida de las y los trabajadores. Es urgente pelear por el reconocimiento pleno de los derechos laborales para quienes trabajan en plataformas, hoy sabemos que la reforma laboral esclavista de Milei no genera más empleos y la economía sigue estancada. Por eso es necesaria la reducción de la jornada laboral a 6 horas y 5 días a la semana sin reducción salarial, y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, con un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Solo la organización y la lucha de la juventud y las y los trabajadores puede ponerle freno a estas nueva forma de explotación que se profundizan en tiempos de crisis.
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