Este jueves, el Senado de la Nación tratará el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca introducir una serie de cambios en la legislación vigente vinculada a la propiedad de la tierra, los desalojos y el manejo de terrenos afectados por incendios. Redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el proyecto plantea especialmente una reforma de la Ley de Tierras Rurales (Nº26.737) con el argumento de generar condiciones más favorables para la llegada de inversiones productivas del exterior.
Entre las modificaciones más significativas figura la eliminación del límite que hoy establece que solo el 15 por ciento de las tierras rurales del país puede estar en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. A su vez, también desaparecería la restricción que impide que una misma nacionalidad concentre más del 30 por ciento de ese porcentaje. Además, la propuesta también elimina el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva que actualmente rige para los compradores extranjeros.
Otro de los cambios incorpora la figura del silencio administrativo positivo. Esto significa que, si el organismo encargado de controlar estas operaciones no emite una resolución dentro de los 180 días posteriores al trámite, la compra quedará autorizada de manera automática.
En materia de desalojos, el texto busca acelerar los procedimientos tanto para inmuebles rurales como urbanos. Esto es tanto para casos comprobados de usurpación como para casos de alquileres con falta de pago. Para el segundo caso, se establecería que el propietario deberá intimar previamente al inquilino durante 10 días corridos. Si la deuda persiste, el proceso judicial de desalojo deberá resolverse en un plazo de 10 días hábiles y se basará únicamente en prueba documental.
La iniciativa también propone modificar la Ley de Manejo del Fuego. Se busca eliminar la prohibición que impedía cambiar el uso del suelo, vender o lotear terrenos rurales afectados por incendios forestales durante períodos de hasta 60 años. Sin embargo, según trascendió, el proyecto mantiene la protección vigente para las superficies de bosques nativos.
El debate en la Cámara alta se presenta con un desenlace incierto. Si bien el oficialismo mantuvo negociaciones con bloques dialoguistas para reunir los apoyos necesarios, el proyecto llega al recinto con un escenario de fuerte paridad. De hecho, antes de alcanzar la versión que será puesta a consideración de los senadores, el texto atravesó al menos 13 borradores y modificaciones como parte de las conversaciones para asegurar el quórum y los votos necesarios.
