La jueza Sandra Arroyo Salgado consiguió este miércoles que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aplace el jury de enjuiciamiento en su contra, por disponer las detenciones de los militantes que arrojaron caca en la puerta de la casa del ex diputado José Luis Espert en junio de 2025.
El diputado libertario Gonzalo Roca propuso la desestimación de la denuncia que impulsaron contra la magistrada en diciembre pasado los peronistas Mariano Recalde y Vanesa Siley, consejeros en representación del Senado y la Cámara Baja, respectivamente. El legislador cordobés logró el apoyo del larretista Álvaro González, Luis Juez y el abogado Alberto Maques, imponiéndose por un voto contra Siley, Rodolfo Tailhade y César Grau.
Roca argumentó que en el expediente en debate ya se había tramitado «toda la prueba» y que «las denuncias y los hechos se refieren a discrepancias o disconformidad con lo resuelto por la magistrada pero también fueron resueltas por vía recursiva en la Sala II de la Cámara Federal de la San Martín».
«No hay un hecho que se encuadre en mal desempeño de la magistrada y por eso mantengo el dictamen desestimatorio, porque el Consejo no se puede convertir en una tercera vía que se escape de los medios procesales que la ley le atribuye al Poder Judicial para garantizar su independencia», planteó para justificar el rechazo al jury contra Arroyo Salgado.
Militantes kirchneristas tiraron caca de caballo en la casa de Espert
Tailhade, por su parte, señaló que hubo «desinterés notorio de la jueza por las condiciones en que estaban las chicas» detenidas. «Las decisiones jurisdiccionales de la jueza están en discusión, sobre si correspondían o no», agregó.
El diputado kirchnerista consideró que Arroyo Salgado «realizó de manera irregular los allanamientos en la Provincia de Buenos Aires», porque «no hubo intervención de jueces locales, directamente se allanaron los domicilios en Quilmes con la orden de la jueza».
Sin embargo, admitió: «entiendo que lo que se probablemente produjo no sea suficiente para fundar un dictamen de acusación pero tampoco es el momento para cerrar esto, tenemos que agotar la prueba».
Entiendo que lo que se produjo probablemente no sea suficiente para fundar un dictamen de acusación contra Arroyo Salgado pero tampoco es el momento para cerrar esto, tenemos que agotar la prueba.
Antes de la votación por la desestimación promovida por Roca, Siley propuso «la postergación» del caso, para seguir aportando elementos que sirvan a la construcción de la prueba contra la jueza. Maques, titular de la comisión de Acusación, hizo lugar a esa moción pero solo optaron por la afirmativa Siley, Tailhade y Grau.
La denuncia de Recalde y Silei se basaba en el posible mal desempeño de Arroyo Salgado y en una acusación por abuso de autoridad en la detención de Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, y Eva Mieri, concejala de Quilmes. Las dos militantes participaron de un escrache a la casa de Espert, donde colgaron un pasacalles y arrojaron materia fecal en medio del escándalo por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.
Alexia relataría más tarde que cuando la trasladaron de la comisaría, la encapucharon y escuchó que le sonó el teléfono celular a una de las policías que la llevaba hasta el patrullero, rodeado de periodistas y camarógrafos. La orden que la voz le daba a la uniformada del otro lado, según la militante detenida, era que abortaran y reiniciaran la salida de la comisaría «porque a la jueza no le gustaron las imágenes» y «quiere que se le vea la cara», dando cuenta de que se buscaba avergonzarla públicamente.
Además, Abaigar recibió malos tratos y no se contempló su estado de salud durante su detención.
