El gobierno aprobó apenas por tres votos de diferencia el pliego para prorrogar en su cargo al juez Víctor Pesino, el magistrado que volteó la cautelar de la CGT contra la reforma laboral, y llegó a reunir 40 voluntades para designar al juez Javier Cosentino en la Sala C de la Cámara de Apelaciones en el fuero comercial.
La definición llegó justo 10 antes que llegue el 75° cumpleaños de Pesrino, por lo cual había riesgos que se quedara sin su despacho en el fuero laboral si fracasaba la sesión de este jueves.
Cuando su dictamen se puso en tratamiento, obtuvo 35 votos por la afirmativa y 32 rechazos, contando los 24 senadores peronistas, los radicales Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad, los tres de Convicción Federal, Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, y los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano.
El radical Flavio Fama se levantó del recinto al momento de la votación, para no pronunciarse en contra, y la salteña Flavia Royón y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut acompañaron al oficialismo, junto a la tucumana Beatriz Ávila. Ese esquema calca casi perfectamente la misma red de apoyos que la que sirvió para conseguir el quórum e indica que los gobernadores Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, más el jefe territorial de Misiones, Carlos Rovira, ayudaron a la Casa Rosada.
El encargado de sentar la postura del peronismo fue Mariano Recalde, quien aclaró que su bloque acompañaría «el proceso de este acto complejo que es ir cubriendo las vacantes en los juzgados, defensorías y fiscalías que estén sin un titular», pero adelantó su rechazo a Pesino. Luego, repuso que en los pasillos judiciales Pesino y su colega María Dora González son conocidos como «Bonnie and Clyde», en referencia a la película que narra la historia de dos delincuentes, y a la Sala VIII, la que integra el juez, «la llaman la sala Banelco».
Para fundamentarlo, sostuvo: «la verdad, no tenemos pruebas, pero hay indicios graves, precisos y concordantes de que este juez no actúa de acuerdo a sus convicciones, sino a sus conveniencias y a sus necesidades». «No le tenemos confianza, los abogados, litigantes y sus colegas no le tienen confianza», concluyó.
Desde el oficialismo, le contestó Patricia Bullrich, acusando a sus adversarios de que «arreglaban con los jueces hasta el último de los fallos laborales». «Antes que un funcionario, se enteraban los jueces lo que iba a pasar», se quejó.
Para el pliego del juez Javier Cosentino, el saldo fue más holgado. Los libertarios juntaron 40 votos y la oposición tan solo reunió 26. En este caso, ni el radical Fama ni la salteña Royón estuvieron presentes en el recinto.
La verdad, no tenemos pruebas, pero hay indicios graves, precisos y concordantes de que este juez no actúa de acuerdo a sus convicciones, sino a sus conveniencias y a sus necesidades.
Además del respaldo de los misioneros y Ávila, el juez consiguió los votos de Moisés, Andrada, Mendoza, Cristina Cándida López y Alejandra Vigo.
Cosentino pertenece al fuero comercial y contribuyó con la AFA en la causa de Guillermo Tofoni, por los contratos de la productora World Eleven para los partidos amistosos de la Selección Argentina. En marzo pasado, el magistrado desestimó un pedido de embargo preventivo del orden del 30 por ciento de los ingresos internacionales de la entidad del fútbol argentino.
Arreglaban con los jueces hasta el último de los fallos laborales.
Fuentes judiciales reconocieron que su pliego fue impulsado como parte del compromiso de Juan Bautista Mahiques para disipar el horizonte de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, en las investigaciones que les siguen, pero recordaron que «es la tercera vez que va al Senado». «La primera fue durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de su intervención en la causa Oil Combustibles, pero Alberto Fernández lo reitiró y después lo volvió a enviar, tuvo audiencia pública, le retiraron el pliego y ahora fue por tercera vez», repasaron.
Por lo demás, el oficialismo pudo darle estado parlamentario este jueves a 29 nuevos pliegos, entre los que se cuentan el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, el histórico secretario del juzgado de Ariel Lijo, y el de Pablo Bertuzzi, el juez de la Cámara Federal porteña que se tornó fundamental para el blindaje de las causas judiciales por presunta corrupción que atormentan a los hermanos Javier y Karina Milei.
