Impulsados por los padres y por la opinión pública, que están preocupados por los daños que generan los celulares en los más chicos, los gobiernos salen a regular su uso en las escuelas. Toman medidas restrictivas, desde la limitación hasta la prohibición. Pero esas normas son decididas casi a ciegas.
La evidencia científica, que se va sumando en distintos países, aún no es concluyente sobre si conviene prohibirlos en las aulas. Algunos estudios encontraron mejoras en el rendimiento escolar tras las restricciones; otros no observaron cambios.
Ese panorama surge del último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que analizó tanto la expansión del uso de teléfonos móviles entre los alumnos como la evidencia científica disponible y las regulaciones adoptadas en distintos países y jurisdicciones.
El trabajo, realizado por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada (Argentinos por la Educación), reúne datos de la prueba Aprender 2024 de tercer grado, que muestran que el 59% de los alumnos de 8 años ya tiene un celular propio.
Además, el 23% no tiene un dispositivo personal pero usa el de un familiar. Solo el 18% no tiene acceso a un teléfono celular.
Existen grandes diferencias entre provincias. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio, mientras que en Misiones y Formosa la proporción ronda el 40%.
También hay brechas según el nivel socioeconómico: el 63% de los estudiantes del quintil más alto cuenta con un dispositivo propio, frente al 52% de los pertenecientes al quintil más bajo.
Las investigaciones por dentro
El uso masivo de celulares entre chicos de tan corta edad es algo relativamente nuevo, por lo que la evidencia sobre su impacto en los aprendizajes también es reciente y, aún, incompleta.
Los especialistas del Observatorio relevaron distintos papers científicos. Algunos sobre el impacto en el rendimiento académico, otros sobre la distracción que provocan, la disciplina y el clima escolar, y la asistencia al aula y el bullying.
Algunos muestran mejoras en el rendimiento académico, especialmente entre alumnos de bajo desempeño o de sectores más vulnerables. Otros, en cambio, no encuentran cambios significativos, incluso en contextos donde las restricciones son estrictas. Las mejoras observadas, cuando existen, suelen ser moderadas.
Lo que sí muestra la mayoría de las investigaciones es que las restricciones logran reducir el uso del celular y las distracciones en el aula. Pero esos cambios no siempre se traducen en mejoras en los aprendizajes. Los estudios también muestran resultados diversos en la convivencia y el bienestar estudiantil.
Regulaciones
A medida que avanza la preocupación social por el impacto de los celulares en los chicos, también aumentan las regulaciones por parte de los Estados. Según datos de Unesco, la proporción de países que implementaron algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026.
Las experiencias internacionales muestran distintos modelos. Algunos países, como Francia, Países Bajos y Chile adoptaron prohibiciones en el uso de celulares en las escuelas.
Francia fue el primero, en 2018. Pero hay que tener en cuenta que en ese país -como en muchos otros desarrollados, donde avanza la prohibición- la mayoría de los alumnos usan tablets u otros dispositivos digitales en el aula, con lo cual el veto del celular no los aleja del mundo digital.
Otros países, como Brasil, Finlandia y Dinamarca, permiten el uso únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. También existen sistemas más descentralizados, como el del Reino Unido, donde cada escuela define sus propias normas.
En la Argentina no existe una normativa nacional unificada sobre el uso de celulares en las escuelas. Once jurisdicciones avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos propios.
Un reciente informe de Unesco informó que en todos los casos las restricciones se focalizan en el aula, pero en algunos también incluyen recreos y espacios comunes. En la mayoría de los casos alcanza a la primaria y la secundaria, pero en algunos lugares (como Provincia y Neuquén) solo la primaria.
Mendoza autoriza el uso de dispositivos solo para actividades pedagógicas y bajo supervisión docente. Otras jurisdicciones, como Salta y Tucumán, habilitan adaptaciones según el contexto de cada institución.
¿Prohibir o no prohibir?
Ahora, ¿si no hay evidencia clara sobre el impacto de las prohibiciones, sirve implementar esa medida? ¿No será mejor usarlos y enfocarse en la educación digital? ¿Qué conviene hacer?
Para Andrea Goldin, lo primero que hace falta es juntar evidencia propia. “Ya hay escuelas que prohibieron el uso de celulares y me parece fundamental analizar esos datos. En general importamos mucha información y conocimiento del exterior, que suele ser muy valioso, pero no hay nada como tener evidencia local para entender qué pasa en nuestro contexto”, le dijo a Clarín.
Otro punto clave, dice Goldin, es incorporar a toda la comunidad educativa: docentes, directivos y también las familias, para pensar estrategias conjuntas. «Personalmente, y por lo que entiendo de la evidencia disponible, no soy partidaria de prohibir los celulares. Creo que hay que aprovechar que tenemos a todos los chicos reunidos varias horas por día para que la escuela sea un espacio de formación sobre el uso de los dispositivos”, dijo.
«Los celulares son herramientas muy valiosas para muchas cosas. Lo importante es enseñar un uso saludable, que no afecte las capacidades atencionales y cognitivas de los chicos, sino que las potencie. En ese sentido, los docentes están pidiendo formación a gritos. Las evaluaciones que responden docentes y directivos muestran que una de las principales demandas es recibir capacitación sobre tecnologías, dispositivos y aplicaciones”, agregó.
Alejando Artopoulos, profesor e investigador de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, desplaza la principal preocupación hacia la salud mental de chicos y adolescentes. Dice que hay evidencia científica que no deja dudas sobre esta crisis.
“Hay datos duros que evidencian el aumento del deterioro de la salud mental de los estudiantes. Condición que afecta el rendimiento educativo. De manera que hay que tomar medidas sobre cómo las escuelas van a atender a esta crisis de salud mental”.
Propone seguir el modelo uruguayo, que decidió incorporar psicólogos en las escuelas del país para alumnos de séptimo, octavo y noveno, el equivalente al último año de primaria y primeros dos de secundaria en la Argentina.
Roxana Morduchowicz es doctora en Comunicación y consultora de Unesco e hizo recientemente un informe sobre este tema. Consultada por Clarín, dijo que el motivo por el cual la investigación muestra resultados dispares es porque el desempeño de los alumnos depende de múltiples factores y no solo del uso del teléfono.
«Regular puede parecer una solución, porque hace creer que el problema deja de existir. Pero sigue existiendo. Es más fácil prohibir que enseñar a pensar”, afirmó. Agregó que es necesario enseñar a pensar las tecnologías e incorporar la ciudadanía digital como política pública, para que chicos y adolescentes aprendan a comprender los riesgos y oportunidades del mundo digital y desarrollen un uso crítico y responsable de Internet.
¿Una norma nacional?
Otra cuestión es si acaso no debería haber una norma nacional que unifique lo que hay que hacer con esto en las escuelas.
Goldin considera que sí. “Es un tema complejo porque hay 24 jurisdicciones, pero sería bueno que el Consejo Federal de Educación se pronunciara de manera clara sobre este tema. Si bien todavía no existe evidencia concluyente, sí hay evidencia sólida sobre los efectos que tienen en la cognición, especialmente en cerebros que todavía están en desarrollo”, dijo.
Para Morduchowicz “sería excelente” una norma nacional. “Si bien en la Argentina, las competencias en educación pertenecen a cada jurisdicción, el objetivo para la Secretaría de Educación nacional debería proponer un marco para incorporar una formación docente en ciudadanía digital como política pública. Y explicar que el desafío hoy es pensar las tecnologías, antes que prohibirlas”.
Para Artopoulos, en tanto, el marco nacional debería promover un cambio de hábitos saludables. “El prohibicionismo absoluto no es una solución efectiva ni propio de las democracias. La prohibición selectiva puede ayudar como sucedió con los cambios de hábitos respecto de tabaco, pero no sería la medida prioritaria. Hay que establecer criterios para una gestión inteligente de celulares, redes sociales e IA en escuelas para mejorar los aprendizajes. Distinguir entre algoritmos de redes sociales e IA es como distinguir entre la nicotina y el alquitrán en el tabaco”, cerró su reflexión.
