El controvertido Proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa la administración libertaria, y que circula todavía a modo de borrador entre el Gobierno, propone un peligroso retiro del Estado del sistema educativo que no deja de generar amplio rechazo social. Incluso, muchos alertan que su eventual aprobación implicaría volver al estadio previo a la sanción de la histórica Ley 1.420 de Educación Común.
La polémica se dispara, en primer término, porque los artículos 1 y 4 buscan un cambio fundamental en la tradición histórica de la educación argentina: se pretende que la familia sea el agente natural y primario de la educación de los niños y adolescentes, relegando al Estado a actor subsidiario de la obligación de garantizar el derecho a aprender y enseñar, sin atender a que se trata de una función clave para garantizar la igualdad de oportunidades en pos de una sociedad que sea cada vez más justa.
Así, la iniciativa favorecería a quienes ya cuentan con “capital cultural” para acompañar las trayectorias educativas y, en consecuencia, promovería una mayor desigualdad social ya que limitaría las posibilidades de las mayorías populares de acceder y sostener los estudios.
En tanto, el artículo 130 deroga la Ley 26.206 de Educación Nacional, del 2006, sin replantear varias cuestiones que serían eliminadas. Por ejemplo, no hay metas de financiamiento (como el horizonte de inversión del 6 por ciento del PBI) ni se habla de la formación para la sexualidad responsable. Tampoco se hace mención alguna a la jornada completa o a derechos y deberes de Alumnos y Padres.
Pero, como si eso fuera poco, uno de sus objetivos declarados es «brindar herramientas para la selección de estudiantes por parte de las instituciones de Educación Superior que así lo dispongan» (artículo 72), propósito contrario a la Ley de Educación Superior (LES). Sin embargo, las modificaciones propuestas en la LES son de tal magnitud que ameritan un tratamiento particular, por fuera del proyecto que trata la Educación Inicial y Básica. Incluso, en algún caso surgen dudas sobre su constitucionalidad.
“Educación abierta”
Además, la iniciativa incorpora el concepto de «educación abierta», aquella que no está comprendida en la estructura oficial de niveles ni posee certificaciones de validez nacional. Por el contrario, se pretende reconocer el derecho a recibir educación básica mediante formas alternativas de enseñanza sin tener que asistir regularmente a una Institución, ya sea mediante educación en el hogar, en entornos virtuales, en instituciones radicadas fuera del territorio nacional, y luego acreditar conocimientos en evaluaciones estandarizadas definidas por la autoridad nacional de aplicación (artículos 5, 16, 49, 51, 52 y 77).
Pero esta modalidad nueva de escolarización no contempla la cuestión de la sociabilización de los niños al asistir presencialmente a un establecimiento educativo, aspecto fundamental en la formación para la convivencia en sociedad y la ciudadanía, tal como quedó evidenciado durante la pandemia y algunos de cuyos efectos todavía se observan.
Según el proyecto, cada Institución educativa determinaría su calendario y sus contenidos en gran parte de su currícula de manera independiente (artículos 28 y 37), con lo que se fragmentaría el sistema educativo en su conjunto.
Consejo Escolar de Padres
Otro punto cuestionado del proyecto de reforma educativa libertaria es la creación de un Consejo Escolar de Padres que ejercería funciones de asesoramiento, orientación institucional, supervisión y rendición de cuentas en asuntos estratégicos y de control en Instituciones Estatales, y participaría en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo de la institución (artículos 108 y 109).
Se trata de una cuestión insólita ya que este mismo Consejo intervendría en cuestiones que requieren formación y preparación específica, pero convertiría en sus «empleados» a las autoridades de las Instituciones. Y, además, sin argumentación alguna, no aplicaría a las Instituciones Privadas.
Asimismo, como propone un financiamiento orientado a la demanda (incluyendo la posibilidad de bonos, vales y becas créditos fiscales teniendo en cuenta la cantidad de alumnos) en vez de a la oferta (artículos 83, 84 y 85), la iniciativa provocará más segmentación socioeconómica, según advierten los especialistas. Además, claro, de impulsar el concepto mercantilista de la educación.
Examen Nacional de Egreso del Secundario
La reforma libertaria también busca incorporar un Examen Nacional de Egreso del Secundario, como evaluación individual voluntaria, para medir conocimientos y habilidades desarrolladas por los examinados a lo largo de la Educación Básica.
En este punto, especialistas apuntan que, si el propósito es evaluar para analizar el cumplimiento de objetivos, no se entiende por qué ese examen no se realiza al finalizar el ciclo Primario, ya que aun se está a tiempo de reforzar o realizar ajustes.
