Por Luis Huls*
Misiones perdió 12 mil puestos de trabajo privados registrados y alrededor de 1.100 empresas empleadoras desaparecieron del mapa desde que Javier Milei asumió la Presidencia.
Detrás de esos números hay trabajadores que dejaron de cobrar un sueldo, familias que perdieron estabilidad, comercios que venden menos y pueblos enteros donde comienza a circular menos dinero.
El Gobierno habla de crecimiento económico, equilibrio fiscal o recuperación de determinados indicadores nacionales, y en medio de todos los anuncios seleccionados para mostrar una faceta de la realidad, conviene preguntarse: ¿cuánto trabajo se está creando?
Porque gobernar, además de administrar el trazo grueso de la economía, es crear condiciones para que haya trabajo.
Y en la Argentina, así como en Misiones, está ocurriendo exactamente lo contrario. Durante la gestión de Javier Milei (iniciada en diciembre de 2023), el país registra la pérdida de cerca de 340.000 puestos de trabajo formales y más de 26.000 empresas empleadoras hasta mediados de 2026.
Y si para muestra basta un botón, acá tenemos varios botones.
El cierre definitivo de Dass en Eldorado, con la pérdida de sus últimos 150 puestos laborales, representa mucho más que el final de una fábrica. Es la crónica de una muerte anunciada.
La empresa llegó a tener alrededor de 1.500 trabajadores en 2014. Durante años produjo 22 mil pares de calzados al día para grandes marcas internacionales y se convirtió en uno de los principales símbolos industriales del norte misionero. Su desaparición sintetiza las consecuencias de un modelo económico que privilegia las finanzas por encima del consumo, las importaciones por encima de la producción nacional y el crecimiento de determinados sectores concentrados por encima de una industria capaz de generar empleo.
Crecimiento no es desarrollo. Crecimiento no es distribución.
Hace apenas unas semanas también cerró Linor, una de las principales industrias madereras de Azara, dejando alrededor de 130 trabajadores sin empleo.
En poco más de un mes, dos establecimientos industriales dejaron en la calle a casi 300 personas.
Y entonces hay que preguntarse qué pueden esperar los empresarios y trabajadores forestales del Alto Paraná.
¿Qué pueden esperar los metalmecánicos de Oberá y Leandro N. Alem?
¿Qué horizonte tienen los productores yerbateros, los ganaderos de la Zona Sur, los comerciantes o los transportistas de una provincia que posee una de las flotas de camiones más importantes del país?
¿Qué señal recibe alguien que todavía pretende producir cuando desde la propia Presidencia se instala una mirada despectiva sobre la capacidad industrial argentina, reduciendo prácticamente la producción nacional a poco más que biromes y dulce de leche?
No quedan dudas de que el presidente descree de la estructura productiva nacional y ha llevado su mirada a ser la política económica del país.
La duda que sigue es ¿cuánto tiempo más un grueso sector empresarios seguirá creyendo que el camino de crecimiento es este modelo? ¿Qué hace falta para comprender que el motor de la economía nacional siempre fue el consumo interno? Y eso se complementa con empresas que crezcan, con trabajadores en aumento y condiciones macroeconómicas que favorezcan el aumento del consumo.
Porque una fábrica que cierra difícilmente vuelva a abrir. Una máquina que se vende no vuelve fácilmente a una línea de producción.
Un trabajador industrial que pierde su empleo probablemente termine buscando sustento en la informalidad.
Y un país que destruye su entramado productivo puede importar más barato durante algún tiempo, pero termina pagando esa supuesta ventaja con desempleo, precarización y dependencia.
El argumento de los impuestos ya no alcanza
Durante mucho tiempo se intentó explicar los problemas de competitividad de Misiones exclusivamente por los impuestos provinciales. Pero ese argumento encuentra un límite evidente: los impuestos provinciales existían cuando Dass tenía 1.500 empleados y también cuando las industrias madereras producían a mayor capacidad.
Los 1.100 empleadores menos desaparecieron en los últimos dos años y medio, no antes.
La presión tributaria puede discutirse y seguramente debe corregirse donde perjudique la producción. Pero no explica por sí sola esta destrucción acelerada del empleo.
Lo que cambió profundamente fue el modelo económico nacional.
La Argentina puede mostrar indicadores positivos de crecimiento. Pero crecimiento no significa necesariamente desarrollo. Y mucho menos distribución.
Puede crecer Vaca Muerta. Puede crecer la minería. Puede aumentar la producción de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Puede expandirse la actividad financiera. Puede mejorar la rentabilidad de determinados grandes grupos económicos.
Pero si al mismo tiempo cierran fábricas, desaparecen PyMEs, cae el empleo registrado y millones de trabajadores pierden poder adquisitivo, entonces el crecimiento existe en las planillas, pero no necesariamente llega a la vida cotidiana.
El desarrollo es otra cosa.
Desarrollo es una fábrica funcionando. Es una PyME contratando trabajadores. Es un productor cobrando un precio que le permita volver a plantar. Es un camionero haciendo viajes. Es un albañil trabajando. Es un comercio vendiendo.
Es una familia con un salario suficiente para consumir y hacer funcionar nuevamente esa rueda. Hoy está frenada.
Solo en Andresito, por el bajo precio de la yerba, dejan de entrar al bolsillo de los productores unos 65 mil millones de pesos al año. Significan 14 presupuestos anuales del Municipio (18 mil hectáreas produciendo a 250 pesos por kilo generan 35 mil millones. Si el precio fuera de 700 por kilo, serían más de 100 mil millones de pesos por cosecha). Y todo Misiones deja de recibir 400 mil millones de pesos por año por el bajo precio, que es una decisión nacional.
Una Argentina sin federalismo
En Misiones esta discusión tiene además una dimensión que excede los números económicos: la ausencia de una verdadera mirada federal sobre las consecuencias territoriales del modelo.
El propio gobernador Hugo Passalacqua lo expresó recientemente de manera poco habitual por su contundencia. “Estamos olvidados por el Gobierno de la Nación”, sostuvo, antes de cuestionar que la administración nacional carece de una visión “federal” y “solidaria”.
La política económica diseñada desde Buenos Aires no produce los mismos efectos en Puerto Madero que en Eldorado, Azara, Andresito, Oberá o San Vicente.
Abrir importaciones puede significar productos más baratos para determinados consumidores, pero en una provincia industrialmente vulnerable también puede significar una fábrica que deja de producir.
Desregular puede sonar bien como concepto económico, pero en una economía regional profundamente asimétrica puede significar dejar a miles de pequeños productores negociando individualmente frente a compradores con una capacidad económica infinitamente superior. Es el caso de la yerba mate.
Paralizar la obra pública puede mejorar rápidamente una cuenta fiscal nacional, pero en Misiones significa rutas que no se terminan, viviendas paralizadas, proveedores que dejan de vender y obreros que pierden el trabajo.
Ese es el problema de gobernar un país federal con una mirada exclusivamente centralista: las decisiones se toman desde lejos, pero sus consecuencias se pagan en el territorio.
Passalacqua agregó otro concepto que también debería formar parte de esta discusión: gobernar implica estar del lado del más débil.
En economía ocurre exactamente lo mismo. Entre un gran molino industrial y un pequeño productor yerbatero no existe igualdad de fuerzas.
Entre una plataforma multinacional y un trabajador precarizado tampoco.
Entre una pyme nacional sometida a costos argentinos y un producto importado desde economías con otra escala productiva tampoco existe una competencia equilibrada. Entonces no se puede competir sin reglas que equilibren esa competencia.
El Estado puede retirarse. Pero cuando se retira de relaciones profundamente desiguales, no genera automáticamente libertad: muchas veces simplemente deja al más débil librado a su suerte.
Una película que Argentina ya vio
Nada de esto es completamente nuevo. La Argentina ya transitó durante los años noventa una experiencia económica con algunos rasgos que inevitablemente aparecen hoy en la discusión: apertura importadora, desregulación, privatizaciones, centralidad financiera, reducción del papel del Estado y la idea de que integrarse al mundo requería permitir que los sectores menos competitivos desaparecieran para que los recursos fueran hacia actividades más eficientes.
El menemismo también tuvo durante varios años indicadores que parecían demostrar el éxito del modelo. Hubo estabilidad. Llegaron inversiones. Crecieron determinados sectores. Se modernizaron servicios. Se importaban productos a precios que parecían imposibles pocos años antes.
Durante un tiempo, una parte importante de la sociedad sintió que el modelo funcionaba.
Pero debajo de aquella estabilidad se fue gestando el fenómeno de la desindustrialización, desempleo, endeudamiento, concentración económica y exclusión social.
El proceso terminó desembocando, después de años de deterioro y con otros factores acumulados, en una de las crisis económicas y sociales más profundas de la historia argentina, que la debió soportar otro presidente, con sus errores propios que la agudizaron.
La historia nunca se repite exactamente de la misma manera y sería simplista afirmar que el presente necesariamente tendrá aquel mismo desenlace.
Pero también sería irresponsable ignorar sus enseñanzas.
Porque cuando las máximas autoridades del gobierno nacional expresan que una fábrica como DASS cierra porque simplemente “no pudo competir”, que un trabajador despedido debe “reconvertirse” y que un yerbatero al que no le cierran los números “debe dedicarse a otra cosa”, como dijo el ministro Sturzenegger, la historia argentina obliga, como mínimo, a encender una señal de alarma.
Más allá de Sturzenegger y su distancia con Misiones, los responsables locales de La Libertad Avanza, que quieren ser gobierno provincial en 2027, han expresado permanentemente su defensa irrestricta y sin críticas al modelo económico nacional.
¿Ese es el modelo que quieren aplicar en Misiones?
El Estado se retira, pero no para todos
La explicación ideológica de La Libertad Avanza es conocida: el Estado debe retirarse y permitir que los privados compitan libremente.
Con esa lógica se debilitó la capacidad regulatoria del INYM y los productores yerbateros quedaron expuestos a una relación profundamente desigual frente a los sectores concentrados de la cadena.
Con esa misma lógica se paralizó buena parte de la obra pública nacional, dejando miles de trabajadores de la construcción sin empleo.
Con esa lógica se abrió la economía a productos importados que compiten directamente con industrias argentinas sometidas a costos internos que muchas veces hacen imposible esa competencia.
Sin embargo, la libertad no es total. Cuando se trata de salarios, el Estado reaparece.
El Gobierno nacional fija pautas restrictivas y condiciona la homologación de acuerdos salariales que superen determinados parámetros. Los primeros 20 meses sólo permitió 1% mensual. Y en los últimos meses habilitó hasta 2%.
Ahí aparece una contradicción difícil de explicar. Hay límites para los salarios, pero libertad para las tarifas.
Se pretende disciplinar las paritarias mientras aumentan la electricidad, los combustibles, el transporte, internet, los alquileres, la comida y buena parte de los servicios esenciales.
Al trabajador se le pide moderación. Al mercado, toda la libertad.
El resultado es previsible: cada vez cuesta más vivir con un salario. Y cuando el salario pierde capacidad de compra, toda la economía comienza a sentir.
Cayó el uso del transporte público. Cayeron las ventas en supermercados. Cayó el consumo de combustibles. Cayó la venta de materiales para la construcción. Cayó la venta de vehículos 0 km. Cayeron las ventas textiles y de indumentaria.
No hace falta construir una teoría económica demasiado sofisticada para entender que la gente consume menos porque tiene menos dinero disponible.
Y cuando millones de personas dejan de consumir, alguien deja de vender; obligadamente reduce personal; y otra familia deja de consumir.
Así comienza un círculo que termina destruyendo el mercado interno.
Más de la mitad del país se considera hoy de clase baja, una enorme mayoría sostiene que sus ingresos perdieron frente al aumento del costo de vida y millones de hogares tienen dificultades para llegar con el salario hasta fin de mes.
El trabajador que ayer tenía recibo de sueldo, aportes jubilatorios, vacaciones, aguinaldo y obra social hoy se rebusca con Uber o Pedidos Ya trabajando diez o doce horas, de lunes a lunes, sin expectativa de ascenso social.
Seguramente seguirá figurando como una persona ocupada. Pero tener una ocupación no es necesariamente tener un buen empleo. Argentina se convirtió en el último año en uno de los peores países del mundo para trabajar. La Confederación Sindical Internacional (CSI) degradó a la Argentina de la categoría 3 a la categoría 5 en su Índice Global de Derechos, ubicándola entre los países con mayores dificultades para garantizar la protección de los trabajadores.
Esto demuestra que pueden mejorar determinados indicadores macroeconómicos y, al mismo tiempo, construir una sociedad cada vez más desigual y precarizada. Pero justamente ahí debe estar la mirada del Estado.
¿Dónde estuvieron los representantes de Misiones?
¿Dónde estuvieron los representantes misioneros de La Libertad Avanza cuando cerró Linor y quedaron alrededor de 130 trabajadores sin empleo?
¿Dónde estuvieron cuando Dass anunció su cierre definitivo y otras 150 familias perdieron su ingreso?
¿Qué gestión concreta realizaron para intentar preservar esos puestos laborales?
¿Qué hicieron frente a la crisis de los productores yerbateros después de la desregulación?
¿Qué hicieron por los obreros de la construcción que quedaron desempleados cuando Nación paralizó las obras?
¿Qué hicieron frente a los comercios que cerraron sus puertas?
Hasta ahora no se conoce una gestión significativa de los representantes libertarios de Misiones que haya logrado torcer alguno de estos procesos.
Defender un gobierno no puede consistir solamente en explicar por qué una fábrica tenía que cerrar. No pueden ser relatores de la crisis. La responsabilidad política que tienen los obliga a intervenir en favor de los trabajadores, de la gente que los votó. Son representantes de los misioneros en el Congreso, pero actúan como representantes del poder central en Misiones.
Si no defienden al trabajador o la empresa, ¿a quién defienden? ¿Acaso no entienden que cuando desaparece una industria no pierde solamente el empresario: pierde el trabajador, pierde el almacén donde compraba ese trabajador, pierde el supermercado, pierde el carnicero, pierde la estación de servicio, pierde el transportista, pierde el municipio que recauda menos?
Pierde toda la comunidad.
Por eso, el discurso de que el mercado acomodará las cosas es cada vez más alejado de la realidad e insuficiente.
¿Dónde quedó el mercado para las 150 familias de Eldorado? ¿Para las 130 familias de Azara?
El país puede recibir miles de millones de dólares destinados a minería, petróleo, gas o grandes proyectos extractivos. Pero si no genera empleo con salario que se derrama en las comunidades, solamente terminará beneficiando a grandes grupos millonarios que explotan los recursos de todos los argentinos y llevan las ganancias al exterior.
Entonces, el debate que los actores políticos y empresarios tienen que plantear no es crecimiento contra recesión. Es qué tipo de crecimiento queremos y para quién.
Un país puede crecer mientras se concentra. Puede exportar más mientras destruye industrias. Puede recibir inversiones mientras pierde empresas nacionales. Puede mejorar sus variables macroeconómicas mientras sus trabajadores se empobrecen.
El dato que no admite relato
Misiones perdió más de 12 mil empleos privados registrados desde noviembre de 2023.
Desaparecieron alrededor de 1.100 empleadores. Dass cerró. Linor cerró. La construcción perdió miles de puestos.
La actividad yerbatera atraviesa una de sus crisis más profundas. La industria forestal trabaja con elevados niveles de capacidad ociosa. El comercio siente la caída del consumo.
Esos hechos no son ideología. Son realidad. Y frente a esa realidad todavía falta escuchar una explicación convincente de los representantes de La Libertad Avanza en Misiones sobre cómo este modelo va a reconstruir el empleo que se está destruyendo.
No alcanza con decir que algún día llegarán inversiones ni con el crecimiento de Vaca Muerta.
La economía debe tener equilibrio. Debe controlar la inflación, ordenar las cuentas públicas y atraer inversiones.
Pero al mismo tiempo debe enfocarse en “hacer un poquito mejor la vida de la gente”, como dijo el gobernador el 9 de julio.
Y la gente en Misiones no pide mucho, no es muy exigente porque se las arregla. Lo mínimo que pide es conseguir trabajo, pagar las cuentas, enviar los chicos a la escuela, comprar la primera moto o cambiar el auto, poder alquilar o cumplir el sueño de la casa propia.
Y el modelo actual parece avanzar hacia otra dirección: pocos sectores que ganan mucho y una mayoría que trabaja cada vez más para llegar cada vez con menos.
Ese es el debate que La Libertad Avanza todavía debe dar en Misiones.
Explicarles a los 130 trabajadores de Azara por qué el modelo que consideran exitoso no pudo salvar sus empleos.
Explicarles a las 150 familias de Dass por qué la recuperación económica nunca llegó hasta la puerta de la fábrica.
Explicarles a los yerbateros por qué la libertad prometida terminó dejándolos más débiles frente a quienes compran su producción.
Y a los miles de misioneros que perdieron un empleo registrado cuál es el futuro que les ofrece este modelo.
Argentina ya aprendió, de la manera más dolorosa, que la estabilidad macroeconómica y los buenos indicadores de algunos sectores no garantizan bienestar social si detrás avanzan el desempleo, la concentración y la destrucción productiva.
Conviene no olvidar esa historia. Porque gobernar también es crear trabajo.
*Director de Misiones Opina
