El Parlamento de Francia aprobó este martes una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida inédita dentro de la Unión Europea (UE). La iniciativa, que ya contaba con el respaldo del Senado, fue aprobada por la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra.
La decisión ubica a Francia dentro del grupo de países que buscan limitar el acceso temprano a estas plataformas ante las crecientes advertencias sobre sus efectos en la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes.
El presidente francés, Emmanuel Macron, pretende convertir la protección de los menores en internet y la regulación del tiempo frente a las pantallas en uno de los ejes de su segundo mandato, que finalizará en mayo de 2027.
La aplicación de la norma será gradual: desde el 1 de septiembre, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas, mientras que la restricción para perfiles ya existentes comenzaría en enero de 2027. La ley también contempla la prohibición del uso de celulares en los liceos, una medida que ya rige en escuelas y centros de primer ciclo de secundaria.
La normativa no establece sanciones para los adolescentes ni para sus padres. La responsabilidad recaerá en las plataformas, que deberán implementar sistemas de verificación de edad. También contempla excepciones para sitios como enciclopedias digitales y proyectos educativos.
En el caso de plataformas como YouTube y WhatsApp, la restricción alcanzará únicamente aquellas funciones equiparables a una red social, como canales públicos, comentarios o difusión de contenido. La visualización de videos y la mensajería privada no quedarían alcanzadas por la prohibición.
La medida reabrió el debate sobre cómo proteger a los menores en el entorno digital, qué responsabilidad tienen las plataformas y qué papel deben asumir las familias y las escuelas. Para analizar los alcances de la iniciativa, Hoy Día Córdoba consultó a Fabio Tarasow, coordinador del Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de Flacso Argentina; Diego Tachella, psicólogo y docente; y Viviana Postay, docente y especialista en gestión educativa.
Sobre la prohibición de las redes sociales para menores, Postay se mostró a favor de la medida francesa y sostuvo que el impacto de las redes sociales en los menores ya no puede ser analizado desde una mirada ingenua.
«Ya está demostrado que las redes sociales han tenido un impacto complicado en la salud mental de los niños y los adolescentes», afirmó.
La especialista señaló que estas plataformas están vinculadas con problemas de ansiedad, ataques de pánico, autolesiones y dificultades de autoestima. En esa línea, remarcó que «las más afectadas son las adolescentes mujeres, que aparecen como más impactadas por las cuestiones asociadas a la autoestima».
Además, alertó sobre los efectos del uso excesivo en la vida cotidiana: «Tenemos chicos que se pasan la noche con redes sociales encerrados en su habitación y que al día siguiente se duermen en la escuela», sostuvo, y advirtió sobre problemas asociados al ciberbullying, la exposición temprana y el contacto con adultos desconocidos.
En ese sentido, mencionó riesgos como la sexualización de menores y el grooming: «Tenemos cuentas hipersexualizadas de niñas y niños donde empiezan a interactuar con adultos que les ofrecen cosas. Todo lo que sea grooming, phishing, está complicado».
Para Postay, la regulación es necesaria porque los menores aún no cuentan con herramientas suficientes para gestionar esos riesgos. «Estoy a favor de que los chicos que todavía no tienen ciertos desarrollos no puedan utilizar las redes sociales y que haya un control al respecto, sobre todo de los adultos que lo permitan», declaró.
Desde otra perspectiva, Fabio Tarasow coincidió en que existe una preocupación real sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes, aunque cuestionó que la prohibición sea la herramienta más efectiva para abordar el problema.
El coordinador del Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de Flacso Argentina señaló que «hay muchos estudios, se habla mucho con respecto a qué impacto tienen las redes sociales en los jóvenes y es muy difícil determinar causas y efectos». En ese sentido, explicó que los efectos negativos no son exclusivos de los adolescentes, sino que atraviesan a toda la sociedad, aunque los menores tienen una mayor vulnerabilidad frente a los contenidos y dinámicas de estas plataformas.
Para Tarasow, la preocupación es válida, pero una prohibición podría desviar la discusión sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas. «La idea de prohibir hace responsable a los usuarios que no pueden entrar en lugar de hacer responsables a las empresas», sostuvo.
Según explicó, el foco debería estar puesto en cómo están diseñadas las plataformas, el funcionamiento de sus algoritmos y los mecanismos que utilizan para captar la atención de los usuarios. Además, advirtió sobre los desafíos vinculados a la verificación de edad y el manejo de datos personales de niños y adolescentes.
Aunque rechazó la prohibición como solución principal, Tarasow planteó la necesidad de avanzar en regulaciones más estrictas y en una mayor educación digital. «Hay que trabajar con los chicos sobre lo que significan las redes y la escuela tiene que ser un lugar donde se pueda hablar de eso», afirmó.
En esa línea, propuso limitar herramientas que favorecen el uso prolongado, como el scroll infinito, y exigir a las compañías configuraciones iniciales más restrictivas para los menores. «Hay mucha presión que se puede hacer sobre estas empresas para que las configuraciones iniciales sean mucho más restrictivas en cuanto a las cosas que pueden ver y hacer los chicos», concluyó.
Por su parte, el psicólogo Diego Tachella planteó una posición intermedia: consideró que la prohibición puede ser útil como herramienta de protección, aunque advirtió que debe complementarse con educación digital.
«Es eficaz, no es perfecta, pero si todos sabemos que está prohibido y existe una presión social para respetarlo, hay un mecanismo de regulación que puede hacerla más efectiva», explicó.
Para el especialista, una norma de este tipo puede funcionar como otras medidas de cuidado instaladas socialmente. «Algo más los protege que dejarlos librados a su suerte con los dispositivos», señaló.
Sin embargo, remarcó que la restricción no reemplaza la necesidad de formar a los jóvenes para enfrentar el entorno digital. «Esos recursos deben aprenderse y desarrollarse», afirmó.
Tachella también destacó que existen evidencias sobre los efectos negativos de las redes sociales en la autoestima, la atención y la capacidad de concentración, además de advertir sobre la circulación de información falsa y la amplificación de discursos de odio.
Sobre uno de los principales desafíos de la medida, la verificación de edad, consideró que existen herramientas tecnológicas que permiten implementarla. «Hay medidas de identificación que se emplean en billeteras virtuales, por ejemplo, que impiden a los menores acceder a ciertas funciones», explicó.
En ese sentido, sostuvo que el debate debe trasladar parte de la responsabilidad hacia las compañías tecnológicas. «Es importante exigir que las plataformas ejecuten las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores», afirmó.
Respecto a la posibilidad de aplicar una regulación similar en Argentina, Tachella consideró que existen antecedentes que muestran que es viable tanto desde el punto de vista legal como tecnológico. Como ejemplo, mencionó el sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que requiere una validación de identidad para acceder al servicio. «Algunas medidas se pueden tomar», señaló.
Para el psicólogo, una normativa de este tipo permitiría modificar el esquema actual de responsabilidades. «Implica desplazar la responsabilidad del acceso a las empresas de plataformas y no a los padres, madres, docentes o menores», sostuvo.
Finalmente, remarcó que la regulación debe ser acompañada por una formación integral: «Es más efectivo que cada uno pueda desarrollar su educación digital integral y crítica», concluyó.
La decisión de Francia y de otros países como Reino Unido y Australia pone en el centro una discusión global: si la protección de los menores frente a los riesgos de las redes sociales debe avanzar por el camino de la restricción o por una transformación más profunda del ecosistema digital. Entre la prohibición, la regulación de las plataformas y la educación digital, el desafío sigue siendo encontrar un equilibrio.
