Las gremiales del transporte extraurbano de pasajeros advirtieron que las extorsiones, los combustibles y una posible alza de 15 % a 20 % en las tarifas configuran una crisis para el sector, que en el primer semestre del año dejó 35 conductores y ayudantes muertos y que, según sus dirigentes, también amenaza con trasladar mayores costos a los usuarios en unas dos semanas si el Gobierno no actúa.
El dato más grave que presentó la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros es el de las víctimas dentro del sistema: 35 conductores y ayudantes murieron en los primeros seis meses del año a causa de cobros ilegales, mientras que entre los usuarios se contabilizan unas 11 personas entre fallecidas y heridas.
Carlos Vides, presidente de Gretexpa, sostuvo que la presión criminal ya no golpea solo a quienes operan las unidades, sino también a los pasajeros que viajan a bordo. El dirigente afirmó que en asaltos recientes hubo personas heridas e incluso asesinadas dentro de los buses.
“Porque aquí está en juego la seguridad de nuestros conductores, de nuestros ayudantes y muy especialmente de las personas que utilizan diariamente este servicio”, dijo Vides.
Añadió que cuando asaltan las unidades “no están ahora solo apuntando contra los pilotos o los ayudantes, también asaltan a los pasajeros que van a bordo”.
La gremial aseguró que la situación empeoró frente al semestre del año pasado. Vides respondió que el incremento ha sido total y precisó que el alza se ha notado sobre todo en los montos exigidos por los delincuentes.
El reclamo del sector apunta a la falta de resultados tras varios acercamientos con las autoridades. Según el dirigente, hubo reuniones con el ministro de Seguridad, con el ministro de Gobernación y con varios viceministros, además de ofrecimientos de la cúpula de la Policía Nacional Civil, pero esas conversaciones no se tradujeron en medidas concretas.
Vides señaló que esas promesas se arrastran desde inicios de este año. Explicó que las autoridades han recibido al sector en distintas ocasiones, pero que el proceso no ha pasado de las conversaciones y no produjo acciones efectivas para contener la violencia y las extorsiones.
La gremial pidió al Gobierno que tome medidas para paliar el problema de seguridad en las rutas extraurbanas. La demanda no se limita a la protección de conductores y ayudantes: también busca reducir el riesgo para miles de usuarios que dependen cada día de ese servicio para desplazarse entre municipios y departamentos.
Ese cuadro de inseguridad convive ahora con otra presión sobre el sector: el encarecimiento del diésel. En una conferencia de prensa, Carlos Vides dijo que las empresas ya no pueden seguir absorbiendo el aumento del combustible y que, si no hay acciones oficiales, el ajuste terminará reflejándose en el precio que pagan los pasajeros.
Gretexpa advirtió que las tarifas del transporte extraurbano podrían subir entre 15 % y 20 % en aproximadamente dos semanas si el Organismo Ejecutivo no adopta medidas para contener el impacto del incremento en los combustibles. La advertencia instala un plazo concreto y anticipa un efecto directo sobre el bolsillo de los usuarios.
De acuerdo con Vides, el aumento reciente responde a la reanudación del conflicto armado en Medio Oriente, que elevó el precio internacional del petróleo y, con ello, el costo del diésel y de las gasolinas que Guatemala importa en su totalidad. El dirigente describió una cadena de impacto que empieza fuera del país y termina en los costos operativos del transporte.
El presidente de la gremial sostuvo que el temor de los mercados internacionales a un eventual desabastecimiento provocó aumentos inmediatos en los precios de los combustibles en Guatemala.
Esa variación, explicó, afecta de manera directa a las empresas de transporte y también a otras actividades económicas vinculadas al movimiento de personas y mercancías.
La postura del sector es que no existe margen para seguir absorbiendo ese sobrecosto. Por eso pidió al Organismo Ejecutivo implementar acciones preventivas que eviten trasladar el impacto económico a los usuarios, en un momento en que el servicio ya opera bajo la presión de la violencia y de mayores gastos de funcionamiento.
La advertencia sobre un aumento tarifario se suma a una crisis que las gremiales describen como nacional. En su balance del primer semestre, los transportistas no solo reportaron más ataques y más víctimas, sino también una expansión de los cobros extorsivos y de su monto, con efecto simultáneo sobre la seguridad de las tripulaciones, la integridad de los pasajeros y la sostenibilidad financiera de las rutas.
El sector planteó así un doble reclamo al Gobierno: seguridad para frenar los asesinatos, asaltos y extorsiones, y medidas económicas para amortiguar el impacto del diésel. Si ninguna de esas respuestas llega en el corto plazo, la consecuencia que anticipa la gremial es una combinación de mayor riesgo en las unidades y un encarecimiento del transporte extraurbano para la población.
