El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordaron avalar las modificaciones al proyecto que elimina las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. La decisión se alcanzó tras una reunión en el Senado Nacional y permitirá tratar la iniciativa en el recinto el próximo 6 de agosto. El consenso contempla dar facultades a las provincias sobre sus territorios y endurecer los requisitos en zonas de frontera y para Estados extranjeros.
El entendimiento destrabó la negociación interna luego de que las diferencias del bloque y la ausencia de aliados obligaran a postergar por cuarta vez el tratamiento en la sesión del pasado 16 de julio. Del encuentro en la Cámara Alta participó también el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.
“El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”, ratificó Patricia Bullrich, senadora y jefa del bloque oficialista. La legisladora explicó que el ministro aceptó las reformas incorporadas por las bancadas dialoguistas para facilitar las inversiones en el país.
Autonomía provincial y soberanía territorial
Uno de los puntos de discrepancia central entre los funcionarios radicaba en la autonomía de las provincias para regular las operaciones y dictar normas propias. “Las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias”, afirmó Bullrich al respecto.
Asimismo, la senadora argumentó la inclusión de los gobernadores en las decisiones del articulado. Sturzenegger “tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones”, indicó Bullrich.
Respecto a los cuestionamientos, la dirigente aseveró: “Es un proyecto consensuado entre todos los bloques, y no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros”.
Los nuevos límites
La versión final del dictamen establece que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus límites y podrá dictar el régimen jurídico aplicable. No obstante, el texto impone prohibiciones estrictas para la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización expresa de la provincia respectiva y del Poder Ejecutivo Nacional.
Adicionalmente, toda operación efectuada por privados extranjeros deberá ser inscripta en el Registro Nacional de Tierras Rurales. En el caso de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera, la compra requerirá obligatoriamente el aval conjunto de la provincia y de la Nación. Por último, el dictamen elimina el artículo de silencio administrativo, por lo que la venta ya no quedará aprobada automáticamente si los organismos públicos no emiten pronunciamiento en un plazo de seis meses.
