Un motín en dos sectores del Centro de Detención Preventiva para Hombres de Puerto Barrios dejó dos reclusos heridos el viernes 24 de julio en Izabal y obligó al despliegue conjunto de la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario, en una crisis que las autoridades vincularon con el operativo lanzado un día antes para desmantelar una estructura criminal y eliminar privilegios dentro del penal.
El antecedente inmediato fue una intervención de alto impacto ejecutada el jueves 24 de julio en la misma cárcel, con el traslado de 34 privados de libertad considerados de alta peligrosidad a las granjas penales de Pavón, Canadá y Cantel. Esa operación incluyó requisas, demolición de construcciones no autorizadas y acciones dirigidas a golpear estructuras con presencia en Izabal y dentro del sistema carcelario.
Los Bomberos Voluntarios de la Séptima Compañía atendieron a los dos heridos y los trasladaron a centros asistenciales de la región. Uno de ellos fue llevado al Hospital de la Amistad Japón Guatemala y, hasta el cierre de la información, no se habían reportado fallecidos ni capturas adicionales.
La Dirección General del Sistema Penitenciario sostuvo que la alteración comenzó como reacción de un grupo de internos frente a las medidas aplicadas en los días previos. Según la versión oficial, otro sector de la población reclusa se negó a sumarse al motín y esa fractura derivó en un enfrentamiento entre ambos grupos.
Jorge López Dellachiessa, director general del Sistema Penitenciario, explicó que la intervención se organizó en tres frentes: requisas por sectores para decomisar objetos ilícitos, destrucción de infraestructura levantada sin autorización y acciones estratégicas contra redes criminales que operaban desde la prisión.
El inventario difundido por el Sistema Penitenciario reportó 55 teléfonos celulares y 14 televisores, además de licor y droga. El balance del Ejército de Guatemala amplió esa lista a 57 celulares, cuatro chips, una memoria micro SD, una memoria USB, dos paneles solares, tres radios, cuatro cargadores para radios, 14 televisores, 18 ventiladores, 16 bocinas, un sistema de audio, un sistema de aire acondicionado y un router de Internet.
El reporte militar también consignó 120 objetos punzocortantes, 724 cajetillas de cigarrillos, 430 encendedores, 57 extensiones eléctricas, 88 cables para carga de teléfonos y 320 monedas de 25 y 50 centavos. Entre las estructuras demolidas figuró un rancho VIP que, de acuerdo con la institución castrense, era utilizado para fiestas dentro del centro de detención.
En el apartado de sustancias, el mismo reporte incluyó 13 botellas de licor clandestino, cinco botellas de ron marca Venado, seis toneles de licor fermentado tipo cucha y 62 bolsas de esa bebida. La lista de drogas agregó nueve paquetes de posible marihuana, 83 cigarrillos de posible marihuana, 78 bolsas pequeñas de posible marihuana, 43 puros de posible marihuana, tres bolsas medianas de posible cocaína, 200 bolsas pequeñas de cocaína, 70 colmillos de posible cocaína, 16 pastillas de metanfetamina, 30 piedras de posible crack y ocho blísteres de papeles para posible uso de drogas.
La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura de la Región Norte emitió un comunicado en el que rechazó cualquier forma de violencia que pusiera en riesgo la integridad y la vida de la población reclusa. La institución pidió a las partes involucradas iniciar de inmediato un diálogo para restituir el orden y la convivencia pacífica.
La ONPT denunció además que no pudo ingresar al penal durante los incidentes por los protocolos de seguridad activados en el sector y por el cierre preventivo de calles aledañas. Por eso exigió que se autorizara el acceso inmediato de su personal de verificación y que se facilitara información oportuna a otras instituciones defensoras de derechos humanos.
La oficina informó que presentó un recurso de exhibición personal a favor de las niñas y niños que cohabitan con sus madres en el centro de detención. También anunció que elaborará un informe con recomendaciones cuando complete la recolección de datos y que realizará nuevas visitas de inspección en los días siguientes.
En un comunicado oficial fechado el 24 de julio, la Dirección General del Sistema Penitenciario afirmó que los operativos “fortalecen el control y orden penitenciarios” y advirtió que “la desarticulación de las estructuras criminales y el establecimiento del orden en los centros de detención, continuará”. López Dellachiessa añadió que todos los objetos decomisados serán destruidos conforme a los protocolos de la institución.
