“No podrán quebrarme”: desde la prisión domiciliaria, Cristina apuesta todo a la ONU

Después de meses de silencio, la expresidenta rompió el silencio con una carta abierta cargada de bronca y épica. Denuncia “proscripción”, “machismo estructural” y una persecución que, dice, empezó mucho antes de la condena. Detrás de la emoción del gesto, una pregunta más fría: ¿qué puede hacer realmente la ONU por ella?

Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio y lo hizo a los gritos. Después de meses sin pronunciarse sobre las causas en su contra, la expresidenta publicó este miércoles una carta abierta cargada de bronca, épica y mensajes a la militancia, en la que anunció que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. El objetivo declarado es cuestionar la condena de la causa Vialidad, que le valió seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, y que hoy cumple con prisión domiciliaria en su departamento de Constitución.

El texto, titulado “El costo democrático de la politización de la justicia”, se publicó en simultáneo en sus redes y en columnas de El País de España, Libération de Francia y Folha de S.Paulo de Brasil. Y el tono no dejó lugar a dudas. “La verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”, arranca. Más adelante, la frase que resume todo su planteo: “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”.

Cristina se corrió del banquillo y se paró en el lugar de la mujer perseguida. Denunció un “machismo estructural” dentro del Poder Judicial y lanzó una pregunta que apunta directo a la fibra: “Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta y, al mismo tiempo, ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”. Ató esa persecución al intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y cerró con una convocatoria de tono casi litúrgico: “Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”.

Ahora bien, ¿cuánto de todo esto es defensa legal y cuánto es política y emoción? Porque el Comité de Derechos Humanos de la ONU no es un tribunal de apelación. Sus dictámenes no son vinculantes en sentido estricto: no obligan al Estado argentino a anular la condena ni a devolverle a Cristina sus derechos políticos de un día para el otro. Los procesos ante ese organismo suelen medirse en años y no en meses, y su efecto más inmediato es simbólico. Sirven para instalar el caso en el plano internacional y para sostener el relato de la proscripción frente a la propia tropa.

Esa tropa, en el territorio bonaerense, ya venía calentando el tema. En La Plata, dirigentes como Julio Alak, Florencia Saintout y Carlos Castagneto se mostraron pidiendo públicamente por la libertad de la expresidenta, en una señal de que el kirchnerismo de la provincia no piensa dejar el reclamo solo en manos de los abogados. La causa Cristina vuelve a funcionar como argamasa de un peronismo que en otros frentes aparece dividido. Para la nueva etapa, la defensa suma nombres de peso: junto a su abogado histórico Alberto Beraldi aparecen el brasileño Rafael Valim, que trabajó en la defensa de Lula da Silva, y el español Javier Borrego.

Del otro lado, el oficialismo nacional ya avisó que no va a comprar el argumento. Para el Gobierno y para buena parte de la oposición dura, hablar de proscripción cuando hay una condena confirmada por la Corte Suprema es correr el arco. La discusión se traslada así a un terreno donde cada parte lee lo que le conviene: para el kirchnerismo, una víctima del lawfare; para sus adversarios, una dirigente condenada que busca afuera el blindaje que adentro ya no consigue.

Lo concreto es que la carta emociona a los propios, indigna a los ajenos y no cambia por sí sola la situación procesal de Cristina en la Argentina. Lo que sí cambia, al menos por unos días, es el foco: de la condena a la denuncia, del banquillo al reclamo internacional. En un año que ya empezó a ordenarse alrededor de la pelea por 2027, un grito de esta magnitud no es gratis ni casual.

Redacción

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