El grave accidente ocurrido este jueves en el Edificio Cóndor, sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad laboral dentro de una de las principales dependencias militares del país.
La caída de un montacargas desde el noveno piso, que dejó a un suboficial con heridas de extrema gravedad, abrió una cadena de interrogantes sobre el cumplimiento de los protocolos de prevención y el funcionamiento de los mecanismos internos de respuesta ante emergencias.
Mientras se realizaban tareas de mantenimiento sobre los dos montacargas utilizados para trasladar materiales y equipos de gran porte, uno de los elevadores se desplomó por causas que todavía son materia de investigación.
Durante la caída se habría desprendido una polea del sistema de elevación, elemento fundamental para transmitir la fuerza y garantizar el movimiento seguro de la cabina y del contrapeso.
De acuerdo con la información disponible, ese componente habría impactado contra el suboficial auxiliar Rodríguez, quien se encontraba de guardia y, según distintas fuentes aeronáuticas, también participaba en las tareas de mantenimiento del equipo.
El militar sufrió lesiones gravísimas, de pronóstico reservado, y debió ser evacuado de urgencia por una ambulancia del SAME.
El episodio provocó un fuerte estruendo que, según testimonios recogidos entre personal de la Fuerza Aérea, hizo temblar la estructura en el sector cercano al pozo de los montacargas, reflejando la magnitud del accidente y el potencial riesgo para otras personas que se encontraban en el edificio.
Dudas en procedimientos de seguridad laboral y resolución de emergencias
El accidente deja al descubierto una preocupante sucesión de dudas que la conducción de la Fuerza Aérea deberá responder con rapidez y transparencia.
La primera apunta al cumplimiento de los procedimientos de seguridad. ¿Se aplicaron efectivamente los protocolos establecidos por la Dirección de Prevención de Accidentes, Higiene, Seguridad en el Trabajo y Ambiental, organismo que depende orgánicamente de la Subjefatura de la Fuerza Aérea, a cargo del brigadier Marcelo Monetto? Si esos procedimientos existían y fueron cumplidos, resulta indispensable conocer cómo pudo producirse un accidente de semejante magnitud.
Otra incógnita surge del operativo sanitario de emergencia.
El traslado del herido fue realizado por una ambulancia del SAME, pese a que la Fuerza Aérea cuenta con una ambulancia propia en el Centro de Asistencia Retiro (CAR), ubicado a escasos metros del Edificio Cóndor.
La decisión plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta inmediata de los recursos sanitarios militares y sobre la disponibilidad real de los medios con los que la institución asegura contar para atender emergencias dentro de sus instalaciones.
Diversas fuentes sostienen que personal de la propia Fuerza Aérea habría intervenido en las tareas de mantenimiento del montacargas.
De confirmarse esa circunstancia, corresponderá determinar si esa intervención se ajustaba a la normativa vigente o si, por el contrario, esos trabajos debían ser ejecutados exclusivamente por empresas especializadas y certificadas para operar sobre este tipo de equipos.
El episodio excede el carácter de un accidente laboral.
Cuando un sistema crítico falla en el principal edificio de conducción de la Fuerza Aérea y deja a un efectivo luchando por su vida, el problema deja de ser exclusivamente técnico para convertirse en una cuestión de responsabilidades institucionales.
La conducción de la Fuerza Aérea enfrenta ahora un escenario complejo, la obligación de ofrecer explicaciones públicas y adoptar medidas concretas que garanticen que un hecho de estas características no vuelva a repetirse.
El silencio institucional o una investigación limitada a las causas mecánicas solo profundizarían la preocupación sobre la cultura de seguridad dentro de una organización que, por la naturaleza de sus funciones, debería tener como principio de hierro la prevención del riesgo y la protección de su personal.
La investigación deberá establecer las causas materiales del desplome, pero también determinar si existieron fallas en la planificación del mantenimiento, incumplimientos de las normas de seguridad, deficiencias en la supervisión o decisiones administrativas que incrementaron el riesgo para el personal.
