La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García señaló este sábado que “las reformas al Código Penal no pueden fundarse en la repercusión pública de determinados hechos ni en percepciones sobre su magnitud”.
Ante el inminente tratamiento del proyecto sobre falsas denuncias, indicó que “La falsa denuncia no constituye un vacío legal. El Código Penal ya la sanciona en su artículo 245”. Añadió que “esos cambios deben sustentarse en evidencia que demuestre que la legislación vigente resulta insuficiente y que la modificación propuesta constituye una respuesta necesaria y adecuada”.
En el análisis del dictamen, la abogada que lidera a casi 90 mil matriculados, subrayó que “se recurre a categorías de contornos imprecisos, como la de ‘hechos delictivos dolosos graves’, sin establecer criterios objetivos que permitan determinar qué debe entenderse por gravedad”. “En derecho penal, donde rige el principio de legalidad, la precisión en la descripción de las conductas no constituye una exigencia meramente formal, sino una garantía para la ciudadanía”, explicó.
Desde el Colegio Público porteño recordaron que, según el Relevamiento Federal sobre Falsas Denuncias, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, las falsas denuncias representan apenas el 0,09 por ciento de las 8.254.672 investigaciones penales tramitadas entre 2023 y 2025 en diecisiete jurisdicciones del país. El mismo informe señala, además, que solo el 8 por ciento de esas denuncias se vinculan con hechos de violencia de género o violencia intrafamiliar.
“Estos datos no significan que las falsas denuncias no existan ni que carezcan de importancia. Pero muestran que se trata de un fenómeno excepcional y no de una situación que justifique una reforma penal de esta naturaleza”, añadió la primera presidenta en los cuarenta años de vida de la institución.
Al mismo tiempo, puntualizaron que la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, elaborada por el Estado nacional, muestra que solo el 21 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja formularon una denuncia. Al respecto, García apuntó que “el verdadero desafío continúa siendo el subregistro de estos hechos, una realidad que obliga a evaluar con especial prudencia cualquier modificación legislativa que pueda desalentar la decisión de acudir a la justicia”.
Además, precisó que “no toda denuncia que concluye con un sobreseimiento o una absolución es una denuncia falsa”. “Confundir ambos planos no solo conduce a conclusiones equivocadas, sino que también puede desalentar denuncias legítimas allí donde demostrar lo ocurrido resulta especialmente complejo”, agregó.
“Cuando una reforma penal no se apoya en un diagnóstico sólido, el riesgo es que el remedio termine agravando el problema”, concluyó García, quien asumió el pasado 1° de junio, tras dos períodos de mandato de Ricardo Gil Lavedra.-
